El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto que fija la planta de fiscales para el año 2006 y la inversión de siete millones de euros para ejecutar la remodelación que va a suponer la incorporación de 100 plazas al Ministerio Público. Una de esas novedades supone la respuesta a una reivindicación gaditana: la asignación en Cádiz de un fiscal delegado de la Fiscalía Especial para la represión de delitos económicos relacionados con la corrupción. Es decir, el tan solicitado fiscal anticorrupción acaba de obtener el visto bueno.