El Consejo de Ministros valida la petición de asignar para Cádiz un fiscal delegado anticorrupción

El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto que fija la planta de fiscales para el año 2006 y la inversión de siete millones de euros para ejecutar la remodelación que va a suponer la incorporación de 100 plazas al Ministerio Público. Una de esas novedades supone la respuesta a una reivindicación gaditana: la asignación en Cádiz de un fiscal delegado de la Fiscalía Especial para la represión de delitos económicos relacionados con la corrupción. Es decir, el tan solicitado fiscal anticorrupción acaba de obtener el visto bueno.

Los últimos escándalos destapados en la comarca de Ubrique y el entorno de Jerez, con tramas fraudulentas basadas en facturas falsas y pensiones de incapacidad obtenidas de manera ilegal, han venido a avalar la propuesta de la Fiscalía Especial Anticorrupción (órgano central del que dependen los distintos delegados nacionales) de crear una plaza en Cádiz. Según fuentes judiciales, hace unas semanas el fiscal jefe confirmó a la Fiscalía de Cádiz que iba a solicitar la aprobación de seis plazas, y que una de ellas la había reservado para la provincia gaditana.

El Gobierno dio ayer su visto bueno a esta solicitud y sólo queda el trámite oficial de publicar las asignaciones en el Boletín Oficial del Estado. El Consejo de Ministros ha fijado dos plazos distintos para la puesta en marcha del centenar de puestos que vendrán a completar la carrera fiscal. 53 entrarán en funcionamiento el 1 de julio, entre ellos los 25 que a juicio de la Fiscalía General del Estado son de mayor urgencia para que se integren en la lucha contra la criminalidad. Así, el nuevo fiscal anticorrupción de Cádiz entraría en este cupo. Las restantes 47 estarán en activo desde el 31 de diciembre.

Si se confirma que julio es la fecha de inicio, este nombramiento va a coincidir casi en el tiempo con la presentación del grupo policial Greco. Esta unidad especializada y de élite dentro del Cuerpo Nacional de Policía tendrá su sede, en el caso de Cádiz, en Chiclana, y se dedicará a laboriosas investigaciones sobre las actividades del crimen organizado. Además, se les considera una herramienta esencial en la que se apoyan los fiscales anticorrupción.

Virginia Alonso

Este periódico pudo saber que la persona que ocupará el puesto dentro del organigrama de la Fiscalía Especial Anticorrupción será Virginia Alonso, que en estos momentos es la encargada de los delitos de índole económico en Cádiz. Este cambio dentro de la Fiscalía gaditana le permitirá dedicarse en exclusividad a este tipo de asuntos y abandonará la compaginación con otros procedimientos ordinarios. Así, se sumará a otras figuras especializadas y con competencias exclusivas como los dos fiscales antidroga que hace unos meses fueron aprobados para Cádiz y el Campo de Gibraltar.

La Fiscalía Anticorrupción que se instale en Cádiz tiene como homóloga a la que se creó en Málaga y que con escaso tiempo de funcionamiento desarrolló, junto a la Policía Nacional, la conocida operación Ballena Blanca, que permitió desarticular distintas redes asentadas en la Costa del Sol, cuyos integrantes habían amasado fortunas desorbitadas mediante el blanqueo de capitales.

Precisamente esta práctica para eludir al fisco es una actividad que suele ir pareja al narcotráfico. En Cádiz, las Fuerzas de Seguridad del Estado han atacado en los últimos tiempos los bienes adquiridos por los narcos gracias al negocio de la droga. Ésta persecución al patrimonio de los delincuentes ha sido unas de las principales peticiones de los colectivos antidroga, que considera insuficientes las penas de cárcel para unos traficantes que pueden seguir engordando sus fortunas entre rejas.

Cuatro más en Audiencia

El Consejo de Ministros también acordó asignar 38 plazas de fiscales para las distintas audiencias provinciales. De ese cupo, cuatro han recaído en la provincia. Según las mismas fuentes consultadas, las distintas sedes de la Audiencia de Cádiz (Ceuta, Algeciras, Jerez y la capital) se verán beneficiadas con un nuevo profesional cada una.

Esto supondrá un desahogo en el ingente volumen de trabajo que tiene secciones como la de Ceuta o Algeciras que copan casi la mitad de asuntos que son derivados anualmente al alto tribunal gaditano.