El Supremo avisa sobre el bloqueo del CGPJ: «La situación es insostenible»

Nati Villanueva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

27/06/2022
Actualizado a las 14:35h.

Compartir

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

El Tribunal Supremo advierte de que el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y su incapacidad para hacer nombramientos están creando una «situación insostenible» . Así lo señala este lunes la Sala de Gobierno del Alto Tribunal en un escrito dirigido al CGPJ para que transmita al Congreso de los Diputados y el Senado su «honda preocupación» por esta circunstancia. «El paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma la capacidad del Tribunal Supremo de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondrá dificultades extraordinarias para su funcionamiento« , advierte la Sala de Gobierno en una nota. En ella no hay una sola referencia a la nueva proposición de ley en la que el Ejecutivo se rectifica a sí mismo y pretende devolver la competencia al CGPJ solo para hacer los nombramientos de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde renovar ahora junto a los dos del Gobierno.

No es la primera vez que el Supremo avisa del colapso que está suponiendo el hecho de que el CGPJ lleve más de un año sin poder hacer nombramientos discrecionales. De hecho a día de hoy el Consejo tiene más de sesenta pendientes en la cúpula judicial. En sucesivas reuniones con la ministra de Justicia, Pilar Llop, se han ido poniendo pequeños parches mediante refuerzos en Salas más congestionadas, pero la situación no está ni mucho menos resuelta.

Una de las Salas que más está sufriendo el colapso es la Sala Tercera (Contencioso-administrativa), que tras las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, cuenta con solo 25 magistrados, el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menor cinco magistrados.

La actividad de esta sala ha aumentado considerablemente en los últimos meses ante el aluvión de demandas de empresas y profesionales que reclaman que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado por las medidas que se pusieron en marcha para hacer frente a la pandemia del Covid.