Malestar en el CGPJ por la negativa de Llop a poner cinco magistrados más en el área civil del Supremo

El rechazo del Ministerio de Justicia a conceder los cinco magistrados de apoyo que había solicitado el Tribunal Supremo para el área civil de su Gabinete Técnico ha causado malestar en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde consideran que hablar de falta de presupuesto es una excusa para prolongar la situación de colapso y provocar la renovación del órgano que lleva buscando el Gobierno desde que el pasado año aprobó la ley que le impide hacer nombramientos. «El Gobierno juega a muy corto plazo y no le importa si por el camino perjudica al TS y al derecho del ciudadano a una justicia pronta y eficaz«, señala un vocal a ABC.

Pese a la advertencia del propio tribunal sobre el «colapso» que va a generar la «avalancha» de recursos que se prevé (a raíz de la reforma que lo maniata), hay salas del Alto Tribunal que están bajo mínimos, con los inconvenientes que ello supone para la resolución de asuntos pendientes. Desde el Ministerio de Justicia se argumenta que el presupuesto de 2022 ya está comprometido.

Según consta en los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la sesión del pasado 9 de febrero, la Dirección General del Servicio Público de Justicia ha desestimado la autorización económica interesada para la adscripción temporal de cinco magistrados al Gabinete Técnico en comisión de servicios con relevación de funciones. La resolución está fechada el pasado 2 de febrero, el mismo día en el que el Ministerio de Justicia anunciaba la prórroga durante todo 2022 de las doce comisiones de servicio extraordinarias (doce letrados) para las áreas civil, penal, contencioso-administrativa y social «para paliar los efectos ocasionados en el funcionamiento del Tribunal Supremo con motivo del bloqueo en la renovación del CGPJ», que lleva más de tres años en funciones. Justicia justificaba esta prórroga (que supone un presupuesto anual de 700.000 euros) en la necesidad de comprobar la efectividad de estos refuerzos. Pero no es suficiente.

Lo que pedía el presidente de la Sala Civil («es indispensable», dijo Martín Castán), era sumar cinco magistrados al gabinete de ese área civil. Sin ellos, «esta sala no es capaz de dar respuesta adecuada» a la «avalancha» de recursos ni asumir el incremento que se prevé«. En un informr aprobado por la Sala de Gobierno el pasado 15 de noviembre »no solo se elevarán los tiempos de respuesta de resolución de los recursos, en términos que será ya inasumibles, sino que la dedicación de la Sala quedará absorbida por la resolución de recursos repetitivos que, más allá de la resolución del caso concreto, nada aporta a la formación de jurisprudencia«.