El juez deja al descubierto «la farsa orquestada» por Matas y le impone una fianza de tres millones de euros

El juez del 'caso Palma Arena', José Castro, ha decretado prisión provisional eludible mediante el pago de una fianza de 3 millones de euros para el ex presidente de Baleares Jaume Matas (PP) por diversos delitos de corrupción durante su gestión política. La decisión judicial de imponer a Matas una fianza tan elevada ha provocado la reacción de diversos miembros de la política nacional y balear. Castro imputa al ex presidente de Baleares la presunta comisión de doce delitos de corrupción, penados con hasta 64 años de cárcel.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha apuntado a una "farsa orquestada" por Matas para ocultar que era quien tomaba las decisiones relativas a la construcción del velódromo Palma Arena y que supusieron el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros entre 2005 y 2007.

Castro afirma que, si bien "cabía esperar" que Matas ofreciera explicaciones que pudieran "desvirtuar los abrumadores elementos de cargo que pesaban sobre él", finalmente, sus quince horas de declaración "se invirtió más en formular las preguntas que en el desarrollo de las respuestas, que en su generalidad brillaron por su ausencia". Es más, considera que algunas de las explicaciones de Matas suponen una "burla" a su Juzgado y a los ciudadanos y, en otros casos, "todo un disparate". "Es claro que el señor Matas ha venido a burlarse de los simples mortales", destaca en el escrito.

El magistrado expone estos hechos en un contundente auto de más de 140 páginas y en el que justifica, junto a numerosos hechos supuestamente delictivos, su decisión de decretar prisión provisional eludible bajo fianza de tres millones de euros para el ex ministro de Medio Ambiente, confirma la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer cada quince días 'apud acta' en el juzgado.

"Supervisión y control directo" de la trama

En su resolución, el juez asevera que "a efectos de ostentar un control directo sobre el proyecto y dar una cobertura formal a sus decisiones", encargó a su entonces directora general de Gabinete, Dulce Linares, y al ex director general de Deportes, José Luis 'pepote' Ballester, "llevar las actuaciones necesarias para tal fin bajo su supervisión y control directo", y ordenando a sus subordinados en el proyecto que hicieran lo que ambos indicaran.

Asimismo, encargó la gestión del velódromo a la Fundación Illesport con el objetivo de "eludir los controles ordinarios técnicos, de intervención y fiscalización del Govern". Todas las actas de las reuniones de este órgano, añade el juez, "son falsas" y Matas era quien ordenaba confeccionarlas con el contenido que "facilitaba previamente y las firmaba tras su confección".

En el auto, Castro indica que no se puede explicar el incremento del patrimonio de Matas en la anterior legislatura y le atribuye la propiedad de dos pisos en Madrid y Mallorca que están a nombre de otras personas. También apunta que con sus ingresos no pudo hacer frente a estas compras, ni tampoco a la adquisición y reforma de un piso en un palacete de Palma. "Resulta imposible que con los ingresos declarados por la familia Matas-Areal pueda acumularse tal patrimonio y más imposible aún si se hacen compatibles tales adquisiciones con un tren de vida de absoluto derroche y ostentación", indica el juez.

Matas pierde la militancia y el trabajo en EEUU

La retirada del pasaporte imposibilita a Matas a ejercer su trabajo en Nueva York como asesor en asuntos de energías renovables de la firma estadounidense PricewaterhouseCoopers. Por lo que, al conocer la decisión del juez, Matas ha presentado su dimision después de ocho meses en la empresa. Ahora, Matas tiene hasta la medianoche del miércoles 7 de abril para depositar la fianza que evite el ingreso en prisión. Además el ex ministro, al igual que su cuñado, deberá comparecer quincenalmente en el Juzgado, "así como cuantas veces fuera llamado".

Jaume Matas ayer pidió la baja temporal en el PP tras 17 años en la formación, aceptada inmediatamente desde Génova. El ex presidente balear (1996-1999 y 2003-2007) declaró en los juzgados de Palma de Mallorca durante más de quince horas entre el miércoles y el jueves de la semana pasada sobre las presuntas falsedades, fraudes, prevaricaciones y desvíos de fondos públicos relacionados con la construcción del velódromo Palma Arena, que, según la Fiscalía, tuvo un sobrecoste injustificado de 41 millones de euros.