Belarra acusa al PSOE de poner trabas a la ley por la que se ampliarán los permisos de paternidad
Afirma que el texto está listo y que su ministerio ha cumplido con los plazos marcados
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra , ha acusado este martes al PSOE, su socio de Gobierno, de poner trabas y retrasar la ley de protección a las familias que su ministerio lleva más de dos años anunciando. «Le soy completamente honesta, creo que el Ministerio de Derechos Sociales ha hecho su trabajo. El borrador está, el texto está, hemos cumplido con los plazos que nos marcamos. Pero por desgracia el acuerdo no ha sido tan fácil como a mí me gustaría», ha afirmado en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, donde ha comparecido esta mañana.
Belarra, que anunció hace unas semanas que había llegado a un acuerdo con el PSOE para llevar la ley al Consejo de Ministros el próximo septiembre, del que esta mañana se ha mostrado «satisfecha», ha justificado el retraso que arrastra esta norma después de que varias parlamentarias se lo afearan. «Dijo que se aprobaría a principios de año, ahora dice que en septiembre... ¿pero qué problemas se está encontrando usted con sus socios de Gobierno?», le ha espetado Alicia García, diputada del grupo Popular. También desde ERC, la parlamentaria Norma Pujol ha señalado que «la legislatura está llegando a su fin y el calendario nos aprieta», por lo que ha reclamado celeridad para que la ley no se tramite «con prisas».
Fue en la misma Comisión de Derechos Sociales del Congreso donde Pablo Iglesias se refirió por primera vez a esta norma, hace ya más de dos años , cuando ocupaba el cargo de vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Cuando abandonó el Ejecutivo y le sustituyó Ione Belarra, las menciones a la ley -que en un principio llamaban «ley de diversidad familiar» y luego optaron por «ley de protección a las familias»- han sido constantes.
La ministra Belarra ha aprovechado muchos de los actos que ha tenido en el último año para anunciar, una a una, las futuras medidas que se incorporarán en la ley. Algunos de esos anuncios fueron la ampliación a seis meses de los permisos de paternidad y maternidad, una prestación por crianza de 100 euros al mes que en algunos casos pueden llegar a los 125 o los permisos para cuidar a personas con las que se conviva, entre otros aspectos.
El año pasado, la ministra aseguraba que la ley se aprobaría en el Consejo de Ministros antes de que 2021 llegara a su fin . Sin embargo, cuando la fecha se iba acercando pasó entonces a hablar de principios de 2022. Pero ahora, con el primer semestre del año ya prácticamente liquidado y con el verano de por medio, Belarra afirma que la fecha en la que el Gobierno la apruebe y, por tanto, inicie su tramitación en el Parlamento será septiembre.
Sin acuerdo para las residencias
Además, Belarra ha informado también a los diputados que componen la comisión sobre su intención de seguir negociando el acuerdo que marque cómo serán las residencias de mayores de los próximos años, tras fracasar la semana pasada la negociación al negarse al acuerdo varias comunidades autónomas. La ministra ha pedido «sentido de Estado» a los representantes autonómicos para aprobar el modelo y ha justificado la falta de acuerdo por los «lobbys de presión, muy importantes en materia de residencias».
«Si todos dicen rechazar su acuerdo debería de pensar que está haciendo algo mal», le ha respondido la popular Alicia García, que le ha reprochado que quiera «imponer» su modelo «sin acuerdo de la mesa de diálogo social y sin acuerdo de las comunidades», al tiempo que ha criticado que no se haya presentado tampoco una memoria económica ni un plan de financiación. «Su único éxito ha sido poner de acuerdo a la patronal y a los sindicatos contra su propio modelo», ha lanzado. La representante del grupo vasco, por su parte, ha acusado a la ministra de que su planteamiento incurre en «injerencia competencial». «Creemos que excede lo que se entiende por criterios mínimos comunes», ha criticado.
La ministra se ha referido también a la situación de la dependencia en España. Según ha afirmado, el sistema está atendiendo este 2022 a 165.395 personas dependientes más que en el año 2021. Sin embargo, tanto las representantes de los grupos vasco y republlicano como la de grupo popular, le han reprochado la descompensación que hay en cuanto a la financiación .
«El sistema de dependencia está concebido con una financiación del 50-50 [entre el Gobierno central y las comunidades]. Pero a día de hoy lo aportado por el Estado no abarca más del 15%. ¿Cuándo se va a resolver esta deuda histórica que tienen con las comunidades autónomas», ha recamado la diputada de ERC. Belarra ha reconocido que ese objetivo de financiación aún está «lejos», «pero la situación de la que veníamos era muy difícil», ha justificado.
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