Admitido a trámite el recurso de Ecologistas y la Fravm contra la operación Chamartín

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) contra el proyecto Madrid Nuevo Norte, la última versión de la conocida como Operación Chamartín . Ahora se abre un proceso en el que tras las alegaciones de las partes implicadas, el Tribunal determinará si el macroproyecto urbanístico se ajusta a derecho o es nulo de pleno derecho, tal y como defienden las organizaciones recurrentes.

Ocho días después de que el plan fuera aprobado de forma definitiva después de tres décadas en punto muerto , ambas asociaciones interpusieron un recurso administrativo contra el acuerdo de aprobación definitiva ante el TSJM. Ahora, en un auto fechado el pasado 3 de septiembre, los jueces admiten a trámite el recurso presentado, al tiempo que ha solicitado el expediente completo a la Comunidad de Madrid.

El objetivo de Ecologistas en Acción y Fravm es, según indican los recurrentes, «lograr la nulidad del proyecto en los términos en que se ha aprobado» porque entienden que es «innecesario, contiene una edificabilidad sobredimensionada, no mejora la carencia en dotaciones de los barrios vecinos, reduce las cesiones de equipamientos públicos, contempla zonas verdes por debajo de los mínimos permitidos y elimina dos vías pecuarias ». Todo ello, aseguran, «para beneficiar el interés privado».

En este sentido, una cuestión que consideran clave en el proyecto, a juicio de ambos colectivos, es la losa de hormigón de 20 hectáreas que se va a construir sobre las vías de tren, junto a la estación de Chamartín , para ubicar las zonas verdes. «Este tipo de espacios debe crecer sobre el suelo natural, nunca sobre una losa de hormigón. Sin embargo, el colocar las zonas verdes de cesión en una losa permite a DCN construir más sobre el suelo natural», valoran.

También critican que el proyecto destina a vivienda pública social y con algún tipo de protección solo 20 por ciento de los 10.500 pisos planteados , mientras que la normativa establece que debe cederse un mínimo de un 30 por ciento en suelos urbanizables.