«Es imposible que se contrate a detectives»: el CEO de la EMVS niega la implicación en el espionaje a Ayuso
Diego Lozano confirma en la primera sesión de la comisión de investigación que un edil municipal le contó «el rumor» de que un trabajador de comunicación había contactado al Grupo Mira, tal y como desveló ABC
El consejero afirma que no se desviaron fondos públicos: «Si alguien habló con el detective tendría que pagarlo con su dinero»
Cuarenta días han pasado desde que estalló el escándalo de un presunto espionaje en el seno del Partido Popular contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La guerra interna que se vivía desde hacía meses entre Sol y Génova llegó el 16 de febrero a su punto máximo, cuando se desveló que se había intentado contactar con una empresa de detectives para acceder a datos personales del hermano de la líder del Ejecutivo madrileño. La trama salpicó, desde el primer momento, al Ayuntamiento de Madrid : se habría tanteado a Julio Gutiez, el detective, mediante la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Mes y medio después, las explicaciones sobre la presunta implicación de Cibeles echan a rodar en el edificio de los grupos municipales, donde este lunes ha iniciado la comisión de investigación con la declaración del consejero delegado de la compañía.
Diego Lozano ha sido tajante. «Es imposible que se contrate un servicio de esas características a través de la empresa», ha manifestado a las preguntas de los portavoces de las formaciones políticas. Lozano se ha escudado en los numerosos controles y filtros que existen en la EMVS para aprobar cualquier tipo de contrato. «Los controles son tan rigurosos que para que haya un contrato tiene que presentarse una memoria, luego aprobarlo la directora financiera... Hasta que llega a mí, como consejero delegado, puede pasar antes por diez o quince personas. Y en la mesa de contratación están sentados todos los grupos políticos. Es imposible que nadie se diese cuenta», ha explicado, poniendo el foco en que no existe ninguna documentación que lo acredite y que no se desviaron fondos públicos a tal fin. Eso sí, alguien podría haber contactado con los detectives de manera personal. «Si alguien hubiera querido, hubiera podido ir a hablar con el detective, pero lo tendría que haber pagado con su dinero , no con el de la EMVS», ha añadido.
En su relato, Lozano ha confirmado que se enteró «del rumor» del espionaje el 12 de enero, tras una reunión celebrada en el Área de Vivienda. Al finalizar, llegó el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante , ye quedaron solo cuatro personas: Lozano; el presidente de la EMVS, Álvaro González; el edil y el entonces director de comunicación de la compañía, Davíd Fernández. «González y Carabante nos dicen que existe un rumor de que alguien del departamento de comunicación ha podido contratar el servicio de detectives del Grupo Mira. Fernández lo niega y yo digo que es imposible , que si hubiera un contrato lo conocería, y me comprometo a entregar una relación de los contratos de los últimos dos años», ha confirmado Lozano, tal y como desveló ABC.
El director de comunicación, por su parte, dimitió un mes y medio más tarde explicando que le había salido una oferta de trabajo y que creía que era lo mejor para él y su familia. «No me quedo por esto ni tampoco me voy por esto», ha dicho Lozano que fueron las explicaciones que recibió del responsable de prensa, aunque ya le había manifestado con anterioridad que cuando terminase el mandato dejaría la comunicación política.
Desde el día de esa cita en el Área de Vivienda hasta que la información saltó a los medios el 16 de febrero, la EMVS no realizó ninguna gestión más para saber si algún trabajador estaba relacionado con el escándalo que llevó a la dimisión de Pablo Casado y a la de Teodoro García Egea de la dirección del PP. Pero aquí llega la contradicción: Lozano ha manifestado que hasta entonces solo entregó los contratos y que se enteró el 12 de enero; en cambio, el alcalde Almeida, desde el día siguiente a conocerse la noticia, aseguró que llevaban «dos meses» investigando. Ni Cs ni la oposición se creen la versión: «Nos ha creado una duda. El consejero delegado tuvo conocimiento en el seno del ayuntamiento un mes antes de que saliese la noticia, pero el alcade dijo que llevaban dos meses investigando. ¿Qué se investigó durante esos dos meses? Ese es el agujero negro de esta comisión», se ha preguntado Mariano Fuentes , delegado de Desarrollo Urbano y vicepresidente de la EMVS por parte de Cs, socio de investidura y Gobierno de Almeida.
A la primera jornada estaban llamados también Ayuso, Pablo Casado, Rafael Catalá, Alberto Ruiz-Gallardón y Félix Bolaños. Ninguno de ellos ha acudido. No estaban obligados: deben asistir ineludiblemente solo aquellas personas que ostenten algún cargo en la actualidad en el ayuntamiento. Este motivo convierte a la comisión en un debate de ausencias , en el que la asistencia de personas clave en la presunta trama está en el aire y pueden no dar explicaciones ante las formaciones políticas municipales, encargadas de dilucidar si alguien contactó con los detectives desde algún organismo del consistorio.
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, negó el vínculo desde el primer momento. «No ha habido ningún encargo ni reunión . No tenemos ningún documento que así lo acredite», dijo horas después de que la información saltase a los medios de comunicación. En esa rueda de prensa convocada para rendir cuentas y «proteger la integridad del ayuntamiento», Almeida explicó que tuvo conocimiento del caso a mediados de diciembre, cuando a través de una llamada le dicen que un trabajador de la EMVS se reunió con el detective para investigar al hermano de la presidenta, Tomás . Ayuso ya estaba al corriente de esta información.
Almeida pidió al presidente de la empresa pública, Álvaro González , que investigase los hechos, un encargo supervisado también por el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante , mano derecha del regidor. Ambos se reunieron con el supuesto trabajador implicado y con el detective que, según las palabras de Almeida, negaron haberse citado con anterioridad. Tampoco se encontró ningún contrato.
Hoy, el Comité de Ética y Cumplimiento de la EMVS ha concluido en sus diligencias que «en los contratos formalizados y pagos realizados no se ha encontrado nada irregular o sospechoso » que pueda relacionar a trabajadores con los detectives. «Podemos concluir que la información publicada en medios de comunicación sobre la implicación de trabajadores de la EMVS en la contratación de un servicio de espionaje a personas allegadas a la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene ningún fundamento y no se ha podido demostrar o detectar ninguna actuación por parte de empleados o directivos», asegura el texto, hecho público tras tomar declaración a catorce personas con distintas responsabilidades y competencias dentro de la empresa.
«No se observa fraude»
En el mismo sentido se ha pronunciado la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción , que ha archivado de forma provisional el expediente incoado contra la EMVS. «No se observa fraude, corrupción, malas prácticas ni conflicto de intereses», afirma el organismo, aunque pide a la gerencia de la EMVS que remita las conclusiones de la auditoría interna y de la externa sobre las contrataciones de la empresa: «Y más concretamente sobre la contratación a empresas que realicen trabajos como los denunciados».
Las acusaciones llevaron a la presidenta regional a verse obligada a dar explicaciones sobre la relación entre la administración que dirige y su hermano, quien cobró por gestionar la compra de mascarillas durante la pandemia, una adquisición realizada por la empresa de un amigo de la familia Ayuso a quien la Comunidad de Madrid adjudicó un contrato para adquirir material sanitario . La cúpula del PP, con Casado y Teodoro García Egea a la cabeza, lo acusaba de poderse haber llevado 286.000 euros, pero Ayuso reveló que la cifra era de 55.850 euros por la gestión en China. «La factura a Priviet Sportive [la empresa referente a su hermano] no es una comisión por obtener el contrato de la administración, sino el cobro de las gestiones realizadas por conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto. Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación», aseguró Ayuso. El resto de facturas , dijo, «no tienen relación con la Comunidad de Madrid».
La comisión de investigación se alargará, al menos, hasta el 9 de mayo y en las próximas sesiones están llamadas a comparecer, además de ediles municipales y consejeros de Ayuso, personas como Teodoro García Egea, Pablo Montesinos, el hermano de Ayuso, la vicealcaldesa Begoña Villacís y Ángel Carromero, excoordinador general de Alcaldía y persona señalada por las informaciones como supuesto líder de la trama de espionaje.
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