Operación Pulpo
El PSOE acusa a De Lara de estar «politizada» y actuar «beneficiando al PP»
El portavoz en la Diputación afirma que en Lugo «no hay separación entre el poder judicial y el político»
Lo que empezó siendo una rueda de prensa para desmontar el contenido del auto judicial por el que Pilar de Lara imputó entre otros a José Ramón Gómez Besteiro en el marco de la Operación Pulpo acabo convertido en una diatriba pública contra la juez instructora. El portavoz del gobierno provincial de Lugo, el socialista Álvaro Santos , desvió su discurso para acusar a la magistrada de estar «politizada» , actuar en esta causa «beneficiando al PP» , y no ser imparcial. Todo ello para concluir que en Lugo «no hay separación entre el poder judicial y el poder político», una afirmación que intentó posteriormente intentó maquillar alegando que «da esa sensación» y que se trata «de una idea que está instalada» en la sociedad lucense.
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Santos desarrolló con algo más de detalle la teoría de la conspiración contra Besteiro que él mismo avanzó el sábado por la mañana, un día después de conocerse las seis nuevas imputaciones de su jefe de filas. «El mejor candidato a la Xunta coincide con la juez más politizada», afirmó, «y todo esto beneficia al PP, lo digo clara y rotundamente».
«En Lugo está instalada la idea de que no hay separación de poderes entre judicial y político. Hay esa sensación y yo también la tengo»
Preguntado por el hecho evidente de que De Lara ha sido azote del PP en Santiago, Ferrol o La Coruña, Santos esquivó la cuestión afirmando que «hay cuestiones que invitan a la reflexión», reiterando la tesis conspirativa de que cada paso dado por Besteiro en su trayectoria política fue replicado por una actuación de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo. «Casualmente o no, coinciden los tiempos» , añadió. Incluso llegó a comparar la lentitud en los procesos que se instruyen en Lugo con la «celeridad asombrosa» de los siete ediles de Santiago , caso que no investigó De Lara sino Ana López Suevos.
«Es difícil creer en la imparcialidad», ahondó, «porque en Lugo todos nos conocemos, y yo la duda tengo que tenerla». La insinuación que lanza tiene que ver con que De Lara está casada con un militante del PP , una acusación que en su día utilizó el abogado de Besteiro, Cándido Conde-Pumpido junior, para cuestionar la labor de la instructora.
Causa general
«La juez mandó a dos agentes el pasado jueves a notificar la imputación a Besteiro. Un poco raro que venga aquí. Como si no supiera donde vive»
Antes de pasar a la ofensiva, Álvaro Santos había desgranado las razones por las que desde la Diputación cuestionan el último auto de la juez —«que la prensa tiene pero nosotros no»—. «¿No es extraño que una denuncia por acoso entre compañeros que no se resuelve dé pie a ir haciendo una macrocausa? —se preguntó— ¿No suena eso a una investigación prospectiva?», figura jurídica de la causa general que está especialmente prohibida en el ordenamiento. «Nadie se opone a que se le investigue, pero bien» .
Para el portavoz del gobierno provincial, la juez ha convertido su auto «en un arcón de grano en el que para rellenar ha metido paja», imputando como presuntos delitos acciones de los gobiernos de Francisco Cacharro , como las subvenciones públicas para viajes al extranjero, «que eran legales, pero que desde mi base ideológica no coinciden en la ética ni la estética», y por eso el PSOE los eliminó en 2007 cuando Besteiro accedió a la presidencia de la institución.
DIU, por prescripción
«Ha habido nulo rigor y falta de escrúpulo y tacto (...) No se puede dar la impresión de que la Diputación financia medidas anticonceptivas»
Santos reprochó a la juez su «falta de tacto y escrúpulo» y «nulo rigor» al incluir en el auto algunos de los servicios prestados con cargo a los gastos sociales de la Diputación, y que tanto revuelo han causado. «No hay un solo político que se beneficiara de estas ayudas» , cuya cuantía «se redujo un 50% sin recortar derechos a los trabajadores». En el caso del controvertido DIU , explicó que fue para «una funcionaria que padece una enfermedad degenerativa, sufrió un legrado y, por prescripción médica, lo necesitaba para regular sus niveles hormonales».
Además, estas ayudas estaban sometidas a Hacienda. «Hubo consultas vinculantes», y recordó de nuevo que estaban en vigor desde 1991. Santos lanzó otro dardo a la juez al apuntar que ayudas similares las tienen otros trabajadores de las administraciones públicas, «también los jueces». «Otra cosa es que las queramos poner en tela de juicio por esta convulsión social que vivimos», reflexionó.
Respecto al programa de visitas «Km. 0» , Santos dijo que se desarrolló con «escrupuloso rigor» presupuestario, y que los fondos europeos utilizados «superaron todas las auditorías externas», hasta el punto de que la UE «nos premió en repetidas ocasiones concediendo más de lo previsto».
Por último, es «absolutamente mentira» que en la Diputación exista una «contabilidad irregular» tal y como apunta Pilar de Lara en su auto . «Aquí no había caja b , la había en el PP», censuró, y justificó la existencia de datos económicos en un ordenador del gabinete de comunicación para informar de la actividad de la institución.
