No todo vale

Ni siquiera para las profesiones y cargos públicos mejor acorazados en la tradición de la omnipotencia institucional y parapetados tras la intangibilidad social, ni siquiera para ellos, continúa vigente el principio del «todo vale», ni la doctrina del «porque lo mando yo». A iluminar este concepto contribuye el acuerdo del Consello da Avogacía Galega , en virtud del cual obra en poder de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial una denuncia contra la hiperactiva juez Pilar de Lara , cuyo celo profesional podría devenir «incompatible con el Estado de derecho». No entremos a opinar sobre materia que ignoramos, pero convengamos en que la vulneración de reglas primordiales como la del secreto profesional (pongamos por caso) es incongruente con la legalidad democrática, salvo que se acepte como irrevocable la declaración atribuida a Maquiavelo y tan cara al espíritu ignaciano de que «el fin justifica los medios».

La erosión de la confianza depositada por la ciudadanía en el papel de los jueces se acrecienta de día en día, según puede comprobar cualquiera que se tome la molestia de hacer seguimiento a las prospecciones de los barómetros del CIS. Esta creciente suspicacia acerca de conductas y procedimientos judiciales no es fruto de la casualidad, sino más bien consecuencia de ciertos modos y maneras que parecen haber arraigado entre algunos profesionales desconocedores de sus propios límites competenciales. Porque resulta que, por muy tentador que resulte el protagonismo mediático o la notoriedad política, en un Estado de derecho hay topes que no se pueden saltar por mucho que se invoque el principio de la eficacia en la instrucción, enjuiciamiento y fallo de las causas.

Por muy juez de instrucción que se sea, irrumpir en un bufete de abogados y llevarse «los correos y documentos referentes a numerosos clientes del despacho, los correos con otros abogados y con funcionarios, e incluso los de índole personal, ajenos todos ellos» a los hechos objeto de investigación no parece una práctica que contribuya a reforzar la confianza en el sigilo profesional de los letrados ni a salvaguardar la privacidad de sus clientes.