Un juzgado acoge este viernes la vista por las medidas cautelares del Pazo de Meirás

El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de La Coruña acogerá este viernes la vista por las medidas cautelares adoptadas el pasado 9 de noviembre, en el marco de la ejecución provisional de la sentencia que entrega la propiedad del Pazo de Meirás al Estado . La juez Marta Canales decretó que los Franco no podrían realizar la mudanza de los enseres ubicados en el interior del inmueble hasta que finalizara un inventario de todos los bienes, de acuerdo con lo solicitado tanto por la Abogacía del Estado como por la Xunta. En una diligencia de este mismo lunes, la magistrada cita a las partes este viernes a las 10 de la mañana.

La controversia generada por estas medidas cautelares viene motivada por referirse a los bienes mueles del interior de Meirás , que no fueron en ningún momento objeto del procedimiento de reclamación de la propiedad iniciado por la Abogacía del Estado. No es solo una cuestión de fondo, sino también de forma. La defensa de los nietos del dictador sostiene que unas cautelares en base a los artículos alegados por la Abogacía y la Xunta no tienen amparo legal durante el proceso de ejecución de la sentencia. Además, sostiene que carecen de toda lógica, por entender que los Franco hubieran podido disponer libremente de los muebles del interior del Pazo durante los últimos meses o años, sin que por tanto concurran las «razones de urgencia» que justifican la adopción de las medidas.

Así, y como adelantó ABC el pasado sábado, los Franco han pedido a la juez Canales «la desaparición/eliminación como la no divulgación y/o revelación a persona alguna, pública o privada» del inventario que se está realizando en el Pazo de Meirás. Este listado de enseres, a su juicio, es una «intromisión» en «el derecho a la intimidad familiar y personal» de los nietos del dictador . «Se estaría posibilitando el conocimiento y la revelación de una información que obviamente afecta a la íntima esfera personal y familiar» de los Franco, «sin que exista ninguna suerte de justificación legal o judicial al respecto».