El juez sobresee la causa por supuestos enchufes en Pontevedra

El documento encontrado en la sede compostelana de la empresa Cespa en el marco de un registro de la operación Patos no es concluyente a ojos del juez instructor, que entiende que no supone un «indicio sólido» y, en consecuencia, decreta el sobreseimiento provisional de la causa sobre supuestos enchufes en la concesionaria que salpicaban al alcalde y a varios ediles del gobierno pontevedrés.

La lista de contrataciones localizada hizo sospechar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que estas se habrían realizado a sugerencia de políticos y técnicos municipales. Un documento «de autoría y fecha desconocidas» que no demuestra que las personas que figuran, un total de 14 , fueran contratadas como consecuencia de su relación con sus supuestos «mentores». Así lo asegura en su auto el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra, que además señala que no queda claro si llegaron a trabajar para la compañía o si tenían previsto hacerlo en un futuro.

Indica el magistrado que el hecho de que al menos tres de los supuestos «mentores» no parezcan tener «especial capacidad de influir» —un policía local, un sindicalista y un vigilante del mercado—, «hace menos probable» la hipótesis a la que la apuntan los investigadores.

En este sentido, y antes de tomar una decisión definitiva sobre el archivo de esta pieza separada de la operación Patos, el juez solicita a la UDEF que siga investigando. Así, reclama detalles de dónde se localizó dicho documento exactamente y que se identifique a las personas relacionadas con el mismo. Requiere que se informe sobre si esas catorce personas que aparecen en el listado han trabajado para Cespa (concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras desde 1999), datos que deberá aportar la Seguridad Social.

«Que investiguen lo que quieran. Que nos cojan por los pies y nos sacudan que no encontrarán nada », era la respuesta que ofrecía desde el Ayuntamiento la alcaldesa en funciones, Carme da Silva , en ausencia del regidor Miguel Anxo Fernández Lores, nada más conocer la decisión del juez. Tras reiterar que el Gobierno municipal está «a disposición de la Justicia», apuntó que este tipo de investigaciones «no preocupan» al Ayuntamiento, porque «estamos seguros de la honestidad de todos sus miembros».

Desde el PP, el edil César Abal lamentó, tras señalar que su partido siempre respeto la presunción de inocencia, «no tener más información». «Aquí lo que falta es más información y transmitir tranquilidad» , dijo, para recordar que el caso se «va a seguir investigando».