Campos espera que las buenas relaciones con el PP «sigan así»

El pacto entre populares y socialistas para sacar adelante los presupuestos en la Diputación de Lugo hace unas semanas ha abierto una fase de entendimiento y cordialidad inusitada entre los dos grupos en el ente provincial. Ayer, el presidente Darío Campos reconocía antes de la celebración del pleno que «hay un cierto acuerdo y vamos a intentar que siga así por el bien de los vecinos». En un tiempo en el que en bloqueo político es la tónica a nivel nacional por la falta de cintura de los socialistas, Campos señaló que «las políticas, obviamente, son diferentes, pero nosotros intentábamos ejecutar los presupuestos, que era una de nuestras prioridades . Y en eso estamos».

La Diputación lucense aprobó ayer por unanimidad el listado del Plan de Obras y Servicios (POS) de la institución para el año en curso, que está dotado con algo más de 5,5 millones de euros , una cantidad destinada a financiar un total de 87 actuaciones en los 67 municipios lucenses de las cuales 84 son obras promovidas por los ayuntamientos, mientras que la Diputación impulsa directamente las tres restantes. En cuanto a la financiación, la institución provincial asumirá el 82% de la inversión y los municipios se harán cargo de amortizar el 18% restante.

Para el reparto de fondos se siguieron, según el gobierno provincial, «criterios objetivos», como la población, la superficie, las entidades de población o el esfuerzo fiscal de los municipios beneficiarios.

La propuesta contó con el beneplácito de todos los grupos y ni siquiera hubo debate ni intervención alguna en el pleno sobre este asunto.

Otra muestra de la buena relación imperante es que el PP sacó adelante una moción para que la institución provincial financie la adquisición de desfibriladores semiautómaticos y todos los ayuntamientos de la provincia dispongan de al menos uno de estos aparatos en las dependencias municipales con mayor afluencia de gente. El PSdeG intentó que saliese adelante una enmienda a la iniciativa de los populares en la que se instase a la Xunta de Galicia a financiar la mitad del coste de adquisición de esos aparatos, pero finalmente los conservadores solo aceptaron que el Sergas se haga cargo de la formación para el manejo de los mismos.