La semana que dinamitó los cimientos del PP valenciano

A. CAPARRÓS

30/01/2016
Actualizado 31/01/2016 a las 20:07h.

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Lunes 25 por la noche . Los agentes de la Unidad del Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de instrucción número 18 de Valencia preparan un despliegue sin precedentes en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Una «organización criminal» infiltrada en las Administraciones públicas desde 2003 es el objetivo. Nada puede fallar. Los investigadores tienen indicios de la comisión de decenas de delitos que han supuesto un agujero millonario a las arcas públicas.

Martes 26 por la mañana . A primera hora comienzan las detenciones, hasta un total de veinticuatro. El expresidente de la Diputación y del PP en la provincia de Valencia es detenido en su localidad natal de Xàtiva. En paralelo, caen sus tres hombres de confianza en la Corporación: Máximo Caturla, Juan José Medina y Emilio Llopis . El fiscal pidió cárcel provisional para todos ellos, pero el juez no lo aceptó al entender que no hay riesgo de fuga. Fijó fianzas pecuniarias de entre uno y dos millones de euros.

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Estas detenciones tienen su origen en la trama Imelsa , una empresa pública de la Diputación de Valencia a través de la cual se habrían amañado contratos en obras que iban desde la instalación de césped artificial en campos de fútbol municipales (32 millones en total costó el plan) hasta carreteras. Una auditoría encargada a una consultora por el actual presidente de la Diputación, el socialista Jorge Rodríguez , eleva a cien millones de euros el capital defraudado .

Otra de las vías de investigación derivadas de las grabaciones realizadas por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent ponen el foco en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia en la etapa de María José Alcón, detenida y puesta en libertad bajo fianza de 150.000 euros . Alcón fue la única de los veinticuatro apresados , junto a un empresario, que declaró ante el juez. Los investigadores creen que amañó contratos para cobrar comisiones en obras como la del recinto cultural de La Rambleta en Valencia o en la rehabilitación de las Torres de Quart .

En paralelo, la UCO y Anticorrupción ponen el foco en Ciegsa, la empresa que creó la Generalitat bajo el mandato del PP para contruir colegios. Ahí aparece de nuevo la figura de Caturla , quien estuvo al frente de la mercantil. Los investigadores tienen indicios de que se cobraron comisiones del tres por ciento y disponen de datos sobre el funcionamiento de la trama para extorsionar a los empresarios: o había comisión o no había adjudicación. La Generalitat calcula que los sobrecostes en Ciegsa ascendieron a más de 1.000 millones de euros.

En todos estos casos, los presuntos responsables de las corruptelas no estaban ya en la primera fila del PP. Rus y Alcón ya había sido apartados. Sin embargo, a los populares les ha estallado una crisis de gravedad inusitada con la línea de investigación que apunta al blanqueo de capitales y la financiación ilegal de la formación en la ciudad de Valencia, que ha propiciado la imputación masiva de medio centenar de concejales, exediles, asesores y militantes del PP. Una situación que ha forzado a la dirección regional y a Génova a formar una gestora para que dirija el partido hasta su próximo congreso.

De hecho, el PP de Valencia ya está descabezado. El titular del juzgado de instrucción número dieciocho de Valencia ha citado a declarar este miércoles al todavía presidente local del Partido Popopular, Alfonso Novo , por un delito de «blanqueo de capitales», de acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El motivo de la citación de Novo (que esta semana ya fue interrogado por la Guardia Civil) responde a que está «autorizado para disponer de la cuenta de la Agrupación local del Partido Popular». Un dato clave en la investigación de una trama de blanqueo de capitales procedentes del cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras y servicios públicos.

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El juzgado investiga si los populares de la ciudad de Valencia manejaban una «contabilidad B». De acuerdo con las pesquisas, los contratistas de obra pública aportaban dinero al partido y éste lo «lavaba» por distintos procedimientos. Uno de ellos pasaba por devolver a los concejales, asesores y militantes de confianza los donativos que habían realizado al partido en sobres con billetes de quinientos euros . La investigación apunta a que solo en la campaña electoral de las pasadas municipales se blanquearon a través de este procedimiento 50.000 euros.

La trama ponía como condición para devolver los donativos que el dinero no se ingresara en cuentas bancarias. Los investigadores han constatado que algunos concejales gastaron el efectivo en compras en grandes almacenes. La ya exsecretaria del grupo municipal del Partido Popular de Valencia Mari Carmen García-Fuster está considerada la mano ejecutora de la trama que reclamaba los donativos para ocultar, mediante el blanqueo de dinero, la financiación irregular de la formación. García-Fuster fue cesada esta semana tras su detención. A pesar de que el fiscal reclamó cárcel provisional, el juez la dejó libre bajo fianza de 150.000 euros .

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