Covid-19
La Generalitat se enfrenta a una multa de 30.000 euros por no desmantelar el hospital de campaña de Valencia
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El Ayuntamiento de Valencia, a través del Servicio de Licencias Urbanísticas, ha concedido a la Conselleria de Sanidad Universal un plazo de dos meses para que desmonte el hospital de campaña habilitado junto al de La Fe poco después de iniciarse la pandemia del coronavirus . De acuerdo con esta notificación, la Generalitat se enfrenta a multas de hasta 30.000 euros en caso de que no efectúe el derribo en los próximos sesenta días.
El informe de la concejalía de Urbanismo, liderada por Sandra Gómez, insta al Gobierno del también socialista Ximo Puig a «restaurar la ordenación urbanística vulnerada por las obras ejecutadas». En este documento, emitido el pasado 25 de enero, se propone a Alcaldía aprobar la demolición del hospital de campaña y advertir sobre la posibilidad de imponer multas si no se atiende en plazo a la petición.
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La notificación recoge que «aún tratándose de una instalación logística de apoyo sanitario creada con carácter meramente provisional, está considerada una edificación o instalación y, por lo tanto, se encuentra sujeta igualmente a la preceptiva licencia urbanística».
Al respecto, sostiene que la Conselleria de Sanidad no solicitó el informe acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, según marca la Ley de Prevención, Calidad y Control Ambiental de actividades de la Comunidad Valenciana.
Asimismo, la notificación del Ayuntamiento dirigido por Compromís en coalición con PSPV-PSOE expone que la inexistencia de los instrumentos de intervención urbanística y ambiental « vulneran las exigencias básicas que deben cumplir los edificios con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la edificación y la protección del medio ambiente».
Ante esta situación, Urbanismo insta al Ayuntamiento a advertir a la Generalitat de que en caso de que incumpla la orden de restauración de la legalidad urbanística, «se impondrán medidas coercitivas por períodos de un mes y en cuantía de 600 a 3.000 euros cada una de ellas, con un máximo de diez o, en su caso, ejecución subsidiaria por parte del Consistorio y a su costa».
Por tanto, la multa a la que se enfrenta el Ejecutivo de Ximo Puig podría ascender hasta los 30.000 euros por construir y abrir sin las licencias urbanísticas oportunas un hospital de campaña que no ha tenido prácticamente uso desde el comienzo de la pandemia del Covid-19 .
Durante el pasado mes de noviembre, el Ayuntamiento requirió a la Conselleria de Ana Barceló la documentación necesaria para legalizar las obras del hospital de campaña o si no, en caso de incumplimiento se acordarían las medidas previstas en la legislación como la demolición de las edificaciones y el cese de suministros.
La Generalitat se decantó por desmantelar las instalaciones hospitalarias, operación que ha retrasado «por precaución» hasta este mes de febrero debido al incremento de los contagios de coronavirus en esta sexta ola. Una vez los positivos comiencen a bajar, la previsión del Gobierno valenciano es derribar por completo el hospital antes del mes de marzo.
Al respecto, la portavoz del Grupo Popular en el Consistorio municipal, María José Catalá , ha calificado la gestión de la Generalitat con los hospitales de campaña como un «despropósito» y ha instado a Puig a que dé explicaciones «a todos los valencianos por el dineral que va a costar pagar la chapuza del hospital instalado en la nueva Fe».
El PP, que ha dado a conocer esta notificación de Urbanismo, ha destacado que rechaza «las alegaciones de la Conselleria de Sanidad, que se ha negado sistemáticamente a legalizar las obras como pedían los técnicos» y ha apuntado que la Generalitat tendrá que «demoler el hospital de campaña que costó millones de euros y que apenas no ha servido para nada».
«Se han gastado millones de euros en unas carpas que salieron volando el primer día, que se abrieron sin licencia y sin bocas de incendio, y que no han servido para prácticamente nada. Ahora la Generalitat se enfrenta a una posible multa», ha agregado Catalá, que ha dicho que Puig y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, deberían pagar la multa «de su propio bolsillo porque la chapuza del hospital de campaña es responsabilidad suya».
«Mientras en otras comunidades se han construido hospitales para atender dignamente a las personas con Covid-19 , en Valencia la izquierda optó por unas carpas que no han servido para nada», ha insistido la portavoz popular.
Por su parte, el concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán , afirmó que «en esta pandemia ha habido dos tipos de políticos: los que se han arremangado para trabajar y que salgamos todos de esta y los que se han dedicado a intentar sacar rédito».
El también portavoz adjunto socialista en Valencia ha afirmado que «el gran éxito del hospital de campaña ha sido no tenerlo que utilizar gachas a que la gestión sanitaria de la pandemia en la Comunidad Valenciana ha puesto siempre en primer lugar a la salud» y ha reiterado que «ha quedado muy retratada la gente que solamente se preocupa de intentar sacar algún voto cuando la práctica totalidad de la sociedad está centra en dejar atrás esta pandemia ».
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