OPERACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN EN VALENCIA
La Generalitat calcula que la corrupción le ha costado 4.000 millones a la Comunidad Valenciana
Mónica Oltra anuncia que el Consell dispone de informes que elevan al 4% del PIB el agujero creado por las corruptelas
La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra , desveló este sábado que el Ejecutivo autonómico maneja «diferentes estudios» que sitúan en el entorno del «cuatro por ciento» del Producto Interior Bruto el coste para las arcas públicas de los casos de corrupción en la Comunidad Valenciana. Este porcentaje supondría un monto de entre 3.800 y 4.000 millones de euros , de acuerdo con el último cálculo del PIB regional difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) .
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Oltra aportó el dato en una entrevista en la Sexta en una semana en la que la Unidad del Crimen Organizado, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción y del juzgado de instrucción número dieciocho de Valencia, destaparon una trama de corrupción en las Administraciones valencianas que habría amañado contratos, cobrado comisiones y blanquado capitales desde el año 2003.
▶@monicaoltra: "La corrupción en la Comunidad Valenciana puede llegar al 4% del PIB" https://t.co/8d6TR5W8Mn pic.twitter.com/qNUqmF4Uxs
— laSexta Noticias (@sextaNoticias) enero 31, 2016
La vicepresidenta de la Generalitat puso el acento en un informe interno del Ejecutivo que eleva hasta los 1.000 millones de euros los sobrecoste en la empresa pública Ciegsa , que era la encargada de construir los colegios públicos en la Comunidad Valenciana. Los investigadores tienen indicios de que se cobraron comisiones del tres por ciento y disponen de datos sobre el funcionamiento de la trama para extorsionar a los empresarios: o había comisión o no había adjudicación .
Las veinticuatro detenciones registradas el pasado martes forman parte de la primera fase de una operación contra una «trama criminal» en Valencia que operó durante años y que defraudó millones de euros mediante cientos de hechos delictivos, de acuerdo con fuentes de la investigación.
La llamada «operación Taula» ha descubierto una trama de blaqueo de capitales en Valencia que ha supuesto la imputación en masa del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital del Turia. La dirección regional y la nacional han acordado la constitución de una gestora para que tome las riendas de la formación. Antonio Clemente , el suplente de Rita Barberá en el Senado, es el principal candidato para presidirla .
Con todo, al margen de las siguientes fases de la «operación Taula», el PSPV ha anunciado que «el peor caso de corrupción del PP valenciano» está todavía por llegar . Los socialistas apuntan a los sobrecostes de más de 1.000 millones de euros en las obras de ampliación de Feria Valencia y la posible malversación de fondos en la Institución Ferial Alicantina (IFA).
En los últimos años, varios casos de corrupción han salpicado al PP de la Comunidad Valenciana. Estos son algunos de los ejemplos:
Caso Fabra (2003)
El expresidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, fue condenado a cuaro años de cárcel por defraudar 700.000 euros a Hacienda.
Caso Gürtel (2007)
Red de corrupción política vinculada al PP, que funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia mediante el amaño de contratos de las administraciones públicas .
Caso Brugal (2008)
Los jueces investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en la provincia de Alicante.
Caso Cooperación (2012)
En la primera pieza juzgada se concluyó que seis millones de euros de los fondos que la Generalitat dedicaba a la cooperación con países del Tercer Mundo nunca llegaron a su destino. El consejero Rafael Blasco fue condenado a ocho años de prisión .
Caso Emarsa (2012)
Estudia el desvío de fondos de la Entidad Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia donde se pagaron suministros inexistentes. El fraude puede superar los 30 millones de euros .
Operación Púnica (2014)
Trama que adjudicó servicios públicos e n Valencia, Madrid, León y Murcia por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de comisiones ilegales.