Daniel Tercero - Dazibao
Una distopía para un referéndum
«Entre la vida y la muerte, nunca más la enfermedad»
Corre el año 2092, España está inmersa en lustros de crecimiento negativo y una crisis económica sistémica, el PIB nacional no levanta cabeza, el PIB per cápita se remonta a cifras de 2003 (menos de 20.000 euros al año), la deuda supera el 200 por ciento del PIB nacional, el gasto del Gobierno en educación no supera el 7 por ciento de las cuentas oficiales (se especula que la economía sumergida podría llegar al 30 por ciento del PIB) y el de sanidad, el 10 por ciento. Hace décadas que las agencias de rating consideran a España un gran bono basura, incapaz de gestionar su economía, su país, en definitiva. La Unión Europea empieza a dar signos de cansancio -tras años de resignación- con los políticos españoles ineptos por carecer de aptitud a la hora de formar gobiernos estables y por tener un edificio institucional en manos de los partidos secesionistas. El país está a la cola en el índice internacional de competitividad y lidera el de corrupción. La tasa de desempleo no baja del 30 por ciento desde el año 2060. Las exportaciones apenas suponen el 15 por ciento del PIB nacional y, en los últimos dos lustros, este dato solo empeora a punto porcentual cada doce meses. En números absolutos, España vuelve a caer por debajo de los 45 millones de habitantes, siendo las comunidades de Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco las más perjudicadas. La esperanza de vida está estancada en los 83 años, tal y como vivieron los bisabuelos. Socialmente, el país está roto. La tasa de mortalidad llega al 18 por ciento y hay 7 homicidios por cada 100.000 habitantes, datos que hacen de España el país líder de la Unión Europea, incluso por encima de Rusia y Turquía, países que mantienen a España, económica y financieramente, como una colonia.
En todos los foros internacionales se recibe con esperanza el acuerdo por el que los cinco principales partidos del Congreso de los Diputados (de mayor a menor representación: Vox, Podemos, PSOE, PP y Ciudadanos) plantean una reforma de la Constitución a los españoles para sacar al país de la crisis económica y social en la que se encuentra. Esta reforma incluye la posibilidad de que cualquiera de las 17 regiones que así lo solicite pueda celebrar un referéndum de secesión. Una disposición adicional de la Carta Magna detalla las condiciones para la celebración de la consulta vinculante y sin retorno. El texto de esta adicional, presentado solemnemente por los representantes de los cinco partidos de ámbito nacional, se conoce como: El decálogo de claridad.
1) Para la realización de un referéndum de independencia en alguna de las 17 regiones que forman España se tiene que aprobar, previamente, una petición formal al Gobierno de España en el Parlamento autonómico de la comunidad que así lo desee.
2) La pregunta que se realizará será igual para las 17 regiones. ¿Quiere usted que la comunidad [una de las 17] sea un nuevo país independiente de España o eliminar la autonomía?
3) En caso de que la respuesta mayoritaria, con un voto más del 50 por ciento de los que participan en el referéndum, sea a favor de eliminar la autonomía, en un periodo de dos años, se suprimirán las instituciones de autogobierno y el control pasará a manos de la Administración General del Estado.
4) En caso de que la respuesta mayoritaria, con un voto más del 50 por ciento de los que participan en el referéndum, sea a favor de convertir la región en un nuevo país independiente se pondrá en marcha un periodo de diez años para configurar la nueva situación política en el que los ciudadanos españoles residentes en la región escindida podrán cambiar su residencia a España, asumiendo el Estado el coste de su nueva vivienda, y los mayores de edad recibirán una prestación económica vitalicia.
5) El Gobierno de España no podrá establecer convenios con el nuevo país, ni permitirá la doble nacionalidad y vetará cualquier petición de acceso del nuevo Estado en la Unión Europea, así como en el resto de organismos internacionales en los que España pueda ejercer el derecho de veto.
6) Se establecerán aranceles a los productos importados del país escindido y se promoverá que el resto de países de la Unión Europea así lo hagan en sus países.
7) El nuevo país escindido asumirá la parte proporcional de la deuda del Reino de España según su PIB.
8) En aquellas provincias en las que el 50 por ciento más un voto haya sido favorable a la supresión de la autonomía, y en el conjunto de la comunidad el voto mayoritario fuera el de la escisión, se llevará a cabo una nueva consulta vinculante dos meses después con la misma pregunta.
9) En ningún caso se establecerá una participación mínima en ninguno de los referéndums.
10) El Gobierno de España, al cabo de los diez años de tiempo para ajustar la nueva realidad política, podrá sufragar con dinero público la formación de partidos políticos en las excomunidades, ya convertidas en países, que tengan entre sus objetivos la federación con España.
En el acto institucional de presentación de la adicional, que se incluirá en la nueva Constitución, o El decálogo de claridad, toma la palabra el presidente del Gobierno, Carlos Alas, que lidera el PSOE y es jefe de Gobierno desde hace tres años por un acuerdo a tres entre Vox, Podemos y el PSOE. «España ya no puede aguantar más inestabilidad política. Llegó la hora del todo o nada. Tenemos más de doce movimientos secesionistas gobernando otras tantas regiones y cuyos partidos impiden la estabilidad en el Congreso de los Diputados. Se acabó lo de que unos juguemos al póker con dinero y los nacionalistas lo hagan, siempre, con lentejas. O todo o nada», señala. Acto seguido, habla la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Aina Finestres (Vox): «Se cumplen 600 años del descubrimiento de América y 100 de un año mágico para nuestro país, aquel 1992, en el que Barcelona, Madrid, Sevilla y Salamanca fueron el centro del mundo. Los españoles de hoy, de 2092, no podemos hipotecar más a nuestros nietos. Señores independentistas, no seguiremos discutiendo ni un minuto más lo que somos y lo que queremos ser. O todo o nada». Finalmente, el vicepresidente segundo del Gobierno, Luis Sánchez (Podemos), concluye el acto: «Les confieso el mea culpa. En las últimas décadas hemos dejado de lado lo que realmente importa y afecta a los ciudadanos, a la sociedad. Un país no puede estar dedicando esfuerzos humanos y económicos a hablar de rupturas. Entre la vida y la muerte, nunca más la enfermedad».
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