Un ibuprofeno para Montilla

No hace aún ni quince días, el ministro Josep Borrell defendía en el Senado que no todas las respuestas que el Ejecutivo del PSOE podía dar a los independentistas catalanes se basarían en «la terapia del ibuprofeno», que si se planteaban «condiciones imposibles» -como negociar la ruptura de España, bajo la pomposa demanda de autodeterminación- no había nada que hacer. Las palabras de Borrell fueron seguidas por el aplauso de la bancada socialista en la Cámara Alta. Sin embargo, hubo un senador que parecía no saber si aplaudir o mirar a otro lado. Es un instante. Una vida. Descolocado y casi pidiendo perdón, acabó aplaudiendo con disimulo.

José Montilla representa el claro ejemplo de la victoria de los valores del pujolismo en la sociedad catalana, que entre otros supone poner por encima de toda acción política la visión nacionalista de Cataluña. A modo de avance, Montilla defendió el pasado mes que mantener en prisión preventiva a nueve de los encausados por el Tribunal Supremo, que lideraron el proceso secesionista ilegal, podría suponer una «limitación sin razón legal de su participación activa en su defensa» y, por ello, junto a los expresidentes de la Generalitat -no sin polémica por la inclusión de un Pasqual Maragall enfermo- y bajo la tutela del Síndic de Greuges, exigió al Alto Tribunal que los dejara en libertad. Cuando la causa especial 20907/2017 del Supremo concluya su recorrido en España y el caso llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, Montilla será un juguete más en las manos de los independentistas.

José Montilla nació en Iznájar (Córdoba) un día de 1955. En 1985, ya era alcalde de Cornellá de Llobregat (Barcelona). Allí estuvo hasta 2004. Dos años después, fue elegido presidente de la Generalitat. El cuarto tras la recuperación de la democracia en 1978. En 2010 perdió las elecciones autonómicas -le sucedió Artur Mas- y se refugió en el Senado, y ahí sigue. Entre tanto, Montilla también ha sido presidente de la Diputación de Barcelona, ministro con el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), diputado en el Congreso y primer secretario del PSC (entre 2000 y 2011) y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE (entre 2000 y 2008). Es decir, la de Montilla es una carrera política plagada de medallas. Sorprende, así, que sea común entre los cuadros medios del PSC la reflexión: «Montilla nos ha hecho mucho daño».

Tras el desbarajuste del primer tripartito bajo la presidencia de Maragall -la oposición de CiU fue contundente y sin piedad, tras 23 años de gobierno-, Montilla cogió el testigo y reeditó la alianza con ERC e ICV-EUiA. La herencia política de Maragall fue, básicamente, la gestión de la frustración nacionalista de un Estatuto de Autonomía que se reformó sin el consenso mínimo, que debía incluir al PP -partido mayoritario en el conjunto de España y apoyo de CiU en la Generalitat- y a lo que electoralmente se convirtió poco después en Cs, formación que entró en el Parlamento de Cataluña por primera vez cuando Montilla se instalaba en el Palacio de la plaza de San Jaime (Barcelona).

Acosado por el sector nacionalista del PSC, por la oposición de CiU, por sus socios de gobierno (ERC e ICV-EUiA) y por sus hijos de color naranja, Montilla apostó, queriendo o sin querer, por camuflarse con el nacionalismo sociológico catalán del que Maragall no había sido más que una continuación de Jordi Pujol. El gestor Montilla estuvo marcado por aquellas declaraciones que se le escaparon -o no- a Marta Ferrusola en marzo de 2008, en una de sus radios de cabecera. Justo Molinero preguntó, entonces, a la mujer de Cataluña: «¿Le molesta que el presidente de la Generalitat sea andaluz?». Clara y catalana: «Un andaluz que tiene el nombre en castellano, sí, mucho. Y además pienso que el presidente de la Generalitat debe hablar bien el catalán». Toda su política presidencial fue hacerse perdonar sin saber que jamás sería aceptado en el club. Sigue en ello. Obcecado. No hay día que no recuerde el apoyo que le dieron desde el mismo Pujol, el marido de Ferrusola, a personajes que con los años se han demostrado hiperventilados independentistas. Todo, en vano. De hecho, Montilla no pronunció un solo discurso en español mientras ocupó la presidencia catalana.

Tras salir del gobierno autonómico, Montilla solo ha insistido en el «daño» al PSC. El 27 de octubre de 2017 se negó a votar en el Senado las medidas del Gobierno de España al amparo del artículo 155 para restablecer el orden constitucional en Cataluña. ¡Salió del hemiciclo en el momento de la votación! Su argumento, simple, como todo su legado (salvo el de la deuda financiera de la administración autonómica que dejó a su sucesor): «Creo que mi compromiso con la institución que presidí me obliga a actuar no solo pensando en la formación política a la que pertenezco, sino también en aquellos que tienen dudas o no comparten la idoneidad del 155, haciendo aquello que creo que es mejor para el país». En donde «país», aquí, es Cataluña. Indisciplina: 300 euros de multa.

En realidad, una simple correlación de lo practicado durante su mandato de cuatro años en la Generalitat. Suya fue la convocatoria de la manifestación en julio de 2010 contra el Tribunal Constitucional, tras la sentencia del Estauto de Autonomía. En la marcha se quemó una bandera de España y Montilla tuvo que salir por patas, escoltado por los Mossos d’Esquadra porque un grupo de manifestantes quería agradirle. También suya fue aquella intervención en mayo de 2008, en una cena de barones socialistas en La Moncloa organizada por Zapatero, en la que les reprochó a sus colegas un sistema de financiación autonómico «anómalo». Montilla defendió que no podía suceder que los catalanes «aporten más y reciban menos». O dicho en la jerga del pueblo: no puede ser que Messi aporte más y reciba menos.

Como escribe Andoni Unzalu, en Ideas o creencias. Conversaciones con un nacionalista (Catarata, 2018): «Me sigue sorprendiendo la admiración no disimulada de alguna izquierda hacia los nacionalismos catalán y vasco; la renuncia absoluta a enfrentarse al nacionalismo desde posicionamientos propios de la izquierda, la defensa de la democracia constitucional y de la igualdad ciudadana. La posición habitual ha sido la de la condescendencia y, cuando el nacionalismo ha apretado, la del apaciguamiento con cesiones». Eso, «mucho daño».