Coronavirus

El TSJ rechaza retirar las restricciones en Valladolid como exigían los hosteleros

Los magistrados responden que no está justificada una «especial urgencia» y darán voz a la Junta

Terraza en el centro de la capital vallisoletana HERAS

C. R. M.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha respondido a los hosteleros de Valladolid: no existe una «especial urgencia» que explique la suspensión de las restricciones -prohibición de consumo en barra y de pie, aforos y horarios de cierre- decretadas por la Junta de Castilla y León .

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid había interpuesto un recurso para pedir la retirada cautelarísima de estas medidas. Los socios querían que suspendieran de inmediato las normas que pesan sobre el sector desde el 19 de julio, con la esperanza implícita de recuperar el tiempo perdido y cuadrar la caja durante las fiestas de la capital, que concluyen el próximo domingo. Sin embargo, su petición no ha sido atendida. En todo caso, el procedimiento no se resolverá a base de dejar sin opción a réplica a la otra parte -la Junta-, a la que la Sala ha dado un día para que «alegue lo que estime oportuno», por lo que el proceso sigue en curso.

La orden marca así otro ritmo y que se tramite el asunto conforme a lo establecido en el artículo 131 y siguientes de la Ley Jurisdiccional. Sin imposición de costas por el momento, el tribunal concluye que sólo podría tomar estas medidas si fuera vital la inmediatez, pero que la representación de los empresarios «no ha justificado la concurrencia de la especial urgencia» de esta resolución.

Los magistrados también han valorado que los perjuicios a los que aluden los hosteleros (vulneración de seguridad y certeza jurídica) pueden causarlos las propias medidas. No obstante, descartan que estén «derivados de la tardanza en resolver la solicitud» que, recuerdan, lleva vigente desde mediados de julio. En pocas palabras, no existe daño apremiante que no estuviera hecho ya y excuse saltarse los trámites habituales, que quedan a la espera de lo que declare el gobierno autonómico.

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