El pacto de recuperación arranca con el no de la izquierda a las primeras medidas

Dicen que el movimiento se demuestra andando, pero el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social de Castilla y León tras el impacto dejado por el Covid-19 suscrito la semana pasada por Junta y la mayor parte de los partidos políticos (PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Por Ávila) es más bien como un bebé al dar sus primeros pasos. Inestable y con tambaleos. En la primera prueba ha tropezado. Con el pie izquierdo, pues ni socialistas ni la formación morada dieron ayer su apoyo a las dos primeras iniciativas vinculadas a ese acuerdo que el Gobierno regional ha elevado a rango legal. Así, ni el decreto ley para el fomento de la reactivación productiva, que incluye la simplificación y agilización administrativa, ni el que contiene medidas extraordinarias para que las residencias de mayores y personas con discapacidad estén preparados para un posible rebrote del coronavirus lograron la adhesión de las dos fuerzas de izquierdas. Rechazo al primero y abstención en el segundo texto fue el resultado de la votación, que prosperó gracias a la mayoría absoluta que suman PP y Cs como socios de Gobierno, además del apoyo de otras fuerzas minoritarias.

«Dan ganas de romper el acuerdo escuchando a PP y Cs», ya había dicho al inicio de la sesión plenaria el procurador socialista Ángel Hernández. Y roto, no, pero el acuerdo ha hecho aguas en su primera navegación. Un pacto «obliga» a cumplir a ambas partes, espetó nada más subir a la tribuna de oradores el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, para defender el decreto ley de simplificación administrativa. E incluye «muchas cosas», señaló al respecto de ese encaje de bolillos hecho para lograr el entendimiento. Está la apertura de los consultorios médicos «con cita previa», como pedía el PSOE, recordó, pero también la «dura» decisión del aplazamiento de la rebaja de impuestos por la que abogaban los socios de gobierno. «Hemos cumplido nuestra parte del pacto. Por tanto, esperamos que ustedes también cumplan su parte y no hagan como siempre, poner la carga en un solo lado», llamó el también portavoz de la Junta, lo mismo que los procuradores de PP y Cs que en la sesión advirtieron de que un pacto implica a dos partes.

Igea defendió que eliminar trabas administrativas es «más necesario que nunca». «Si quieren recaudar dejen a los empresarios al menos ganar dinero», advirtió el vicepresidente, quien explicó que «no hay recaudación si no hay actividad», y reducir trámites favorece esa actividad. «No es desregulación», sino «simplificación», argumentó Igea, quien censuró la «mala interpretación» del punto sobre los requisitos medioambientales. «Las administraciones tienen que ser un control, pero no un muro», añadió el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien también negó el argumento de la oposición de que se pretenden favorecer actividades como las macrogranjas. «Hacemos presunción de inocencia y no de culpabilidad», subrayó Igea sobre la sustitución de la licencia por una declaración responsable, sometida después a controles. Es un decreto, sostuvo, «para mandar un mensaje de confianza a nuestros emprendedores», recalcó. Y pidió a los socialistas que «abandonen las políticas conservadoras». «Son un partido ultraconservador». «Salgan del pasado para que esta tierra pueda tener futuro», reclamó.

Pero sus argumentos no convencieron ni a PSOE ni Podemos. El socialista Luis Briones colgó su argumentación de un informe jurídico «demoledor» sobre un texto, que tachó de «desastre», «liberalismo salvaje». «Huele muy mal», afirmó. «Han modificado a su antojo lo que han querido por la puerta de atrás», censuró. Desde Podemos, su portavoz, Pablo Fernández, ya advirtió de que el texto legal terminará en los tribunales.

No voto en contra, pero tampoco apoyo expreso al decreto que obliga, entre otras medidas, a las residencias de mayores a tener reservas de equipos de protección para al menos cinco semanas. El «primer» texto de España en esta dirección, que «responde a los compromisos adquiridos» y pretende «dar respuesta a la necesidad de actuar ante posibles rebrotes y crisis sanitarias que puedan surgir» así como servir de «punto de partida» de la futura ley de atención residencial, defendió la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

Como un decreto «incompleto» y presentado «sin poder negociar» consideró el texto la socialista Isabel Gonzalo, mientras que desde Podemos, que también se opuso, aunque valoró algunas medidas, lo vio «insuficiente» como punto de partida.