Las diputaciones del PP, críticas con Casado por su retraso en contar con los pueblos

La consejera no se siente desautorizada y descarta su dimisión: «Las primeras en salir del barco son las ratas»

Los presidentes aplauden la mayor presencialidad en los consultorios rurales pero lo achacan a Mañueco

Casado e Igea, en la reunión con los presidentes de las diputaciones F. HERAS

J. M. Ayala / C. R. Miguélez

Tensión política no resuelta en Castilla y León. La primera de las innumerables reuniones que se prevén celebrar para desatascar (o retomar o cambiar o impulsar, en función de quién se pronunce) la reforma sanitaria en Castilla y León tuvo momentos balsámicos y síntomas que pudieran hacer pensar que un acuerdo que satisfaga casi a cada castellano y leonés no es una quimera. Pero en la cita con los presidentes de las diputaciones no faltaron los reproches de los representantes de los pueblos, principales protagonistas de una reordenación que no está claro en qué punto está. Los ‘siete’ del PP -Avila, Burgos, Palencia Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid- se sumaban así al larvado combate iniciado -al menos públicamente- hace ahora una semana entre los populares y la parte ‘naranja’ del renqueante gobierno de coalición y del que lógicamente dieron como vencedor al presidente de la Junta. Sí a no cerrar los consultorios y a una mayor atención presencial -de lo que responsabilizaron directamente a Alfonso Fernández Mañueco-, pero también censura -con mayor o menor saña- a lo hecho hasta ahora. El reproche generalizado fue que la reunión llegaba «tarde» y que no se había contado hasta el momento ni con las diputaciones ni con los propios municipios.

La presidenta de la Diputación de Palencia y también de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Ángeles Armisén , solicitaba desde una visión menos guerrera, medidas concretas e inmediatas y que «repercutan en la mejor atención de los vecinos», las cuales pasan también por citas sin aplicaciones digitales para que los mayores escuchen una voz al otro lado del teléfono. Desde Soria, Benito Serrano ha advertido que cualquier reforma que plantee la Junta debe ir acompañado del consenso de las diputaciones y ayuntamientos. Más contundente y explícito, Conrado Íscar (Valladolid) al afimar que el criterio de Mañueco se acabará imponiendo en el modelo que salga. «El encuentro ha servido para poco y llega tarde. Las mejoras en la sanidad de la Comunidad no pueden ser ocurrencias unilaterales», ha sentenciado.

«Rectificación» lógica

Desde Ávila, Carlos García ha advertido de que «si queremos una Comunidad vertebrada tenemos que dar servicios básicos de calidad a quienes viven en cualquier rincón» , algo que la Diputación «ni quiere ni puede ni va a renunciar». El burgalés César Rico , tras aplaudir que la Consejería les vaya a remitir información, ha resaltado que «ningún presidente de Diputación la conocía en sus respectivas provincias», al tiempo que ha dicho que el documento llega «tarde». En todo caso, «habrá que ver la letra pequeña».

Javier Iglesias (Salamanca) ha reprochado también la fecha de la reunión: «No se hizo cuando se debió . Antes de lanzar cualquier mensaje, deberían haber contado con el territorio», ha destacado Iglesias, quien terminó su comparecencia valorando el ‘volantazo’ de los cargos de Ciudadanos, del que también ha hablado Íscar: «Ha rectificado como no podía ser de otra manera y ha asumido la orden del presidente».

La consejera de Sanidad ha comparecido horas después de la reunión para desgranar los avances de la «constructiva» reunión, dispuesta a demostrar el trabajo de su equipo. El caballo de batalla estaba en la palabra, en la explicación, en la política. Y Casado lo sabía. Por eso, ha optado por intentar embridarlo con un plan: el verbo «reestructurar» se había vuelto tabú. Le sustituyeron «reordenar y reforzar» como términos empeñados en volver la atención hacia las propuestas, los datos y sus llamadas al «todos a una» y no tanto a la tormenta política que aún arrecia. «Tenemos un problema, y no hacer nada ya no es una opción» , ha insistido, en una búsqueda de la «complicidad» de las diputaciones, a las que ha pedido ayuda para hacer aterrizar un nuevo orden sanitario.

«Con todo el trabajo que queda pendiente, creo que los castellano y leoneses no entenderían que dimitiese ahora», ha aclaraco Verónica Casado. «No lo haré, porque en un barco con problemas, las que salen primero son las ratas», completó la titular, que ha insistido, al igual que Francisco Igea -que seguía la comparecencia a escasos metros- en días anteriores sobre el matiz de la polémica PNL del PSCL apoyada sorpresivamente por el PP y que pedía retirar el plan de «reestructuración» sanitaria. Casado ha afirmado que «nunca ha existido un plan así» porque el que ya estaba «redistribuye», pero no cambia la estructura. No se detuvo a repartir críticas -«lo importante es que todos tenemos los mismos objetivos»-, pero confirmó que no se ha sentido desautorizada y tampoco ha asumido culpas: «No me he equivocado», ha asegurado. Ha señalado que cuenta con el aval del presidente de la Junta al recordar los cuatro populares presentes en el grupo de trabajo conjunto en marcha desde hace meses.

«Me duele que se hable de que nuestra Atención Primaria es mala porque es falso» , ha valorado la consejera para empezar. Ha sacado pecho. E n Castilla y León haya un médico por cada 900 habitantes , cuando la media nacional está en un facultativo por cada 1.315 personas. Junto a los datos traía, sin embargo, el reconocimiento del peso de las problemáticas acumuladas: dispersión geográfica, pérdida de población o envejecimiento «sobrecargan» a los profesionales y hacen sentir a muchos usuarios «abandonados», ha empatizado. ¿El mayor problema? La falta de médicos, que se hará aún más evidente con la jubilación de más del 60% de las plantillas en cinco años, cifró. Un problema que no causan los salarios, opinó, sino una falta crónica de profesionales, así como el efecto de bajas o vacaciones.

1.500 profesionales

Así las cosas, toda la estrategia de la Consejería se asienta sobre un documento elaborado por 18 expertos y aprobado por las Cortes el pasado diciembre. Sus 122 propuestas vertebran los «refuerzos» que ayer se debatieron y ha defendido Verónica Casado, con objetivos como que cada persona tenga asegurado el acceso a una consulta diaria. Era imposible dejar de lado dos puntos tan sensibles como las contrataciones y el qué pasará con los consultorios, de modo que la titular adelantó que se contratará a 1.500 profesionales antes del fin de la legislatura. Entre ellos habrá algunos médicos, pero también y sobre todo personal administrativo y de enfermería, o técnicos de emergencias. «La ordenación sanitaria actual es de los ochenta y no tiene nada que ver con la población actual» , ha remarcado la consejera. Por tanto, la propuesta pasa por un nuevo mapa sanitario, un nuevo reparto de tareas entre profesionales o el refuerzo de la atención continuada, gracias a 70 vehículos nuevos repartidos por la Comunidad (incluido un helicóptero de vuelo nocturno). Se repasará asimismo un sistema de transporte a demanda del paciente.

También se modificarían los cupos de tarjetas por médico para evitar que unos acumulen demasiadas y otros pocos pacientes. Pero por mucho que haya un porcentaje mayor de médicos en el mundo rural «de ninguna manera significa que vayamos a moverlos al urbano», ha asegurado Casado. « Este plan no cierra consultorios, pero sí hace mucho más resolutiva la Atención Primaria y los servicios de emergencias con trabajo en red y nuevas tecnologías», ha aseverado, sin dejar de abogar por la cita previa, que se pretende facilitar con una mejora de la atención telefónica «por parte de personas» y con buzones de voz. Además, la sistematización de pruebas se vería impulsada con el ‘maletín digital ’, y los registros, mejorados con la informatización de los médicos (que podrían llevar sus propios puntos de conexión a Internet a zonas con baja cobertura).

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