Torra reabre su guerra contra Torrent a cuenta de los letrados

Los aspectos «ilegales» de la resolución contra la Monarquía no se publicaron en el BOPC

Quim Torra y Roger Torrent EFE

Daniel Tercero

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Uno de los mayores rivales políticos de Quim Torra y Carles Puigdemont y que les ha causado grandes inconvenientes en esta legislatura es Roger Torrent. Tras las elecciones de diciembre de 2017, el ya elegido presidente del Parlamento de Cataluña impidió, cumpliendo la ley y las órdenes judiciales, que Puigdemont fuera escogido presidente de la Generalitat mediante un procedimiento a distancia. Después, en enero de 2020, el de ERC retiró el escaño a Torra, también por orden judicial. Desde entonces, la Cámara autonómica tiene 134 escaños, pues JpC se niega a sustituir al condenado por desobediencia y presidente autonómico. Ahora, Torra exige a Torrent que destituya al secretario general del Parlamento de Cataluña, Xavier Muro, el funcionario parlamentario de más alto rango y cargo de confianza de Torrent.

Este lunes era el día previsto para que el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC) publicase el texto aprobado el viernes y que puso fin a la sesión monográfica sobre «la crisis de la Monarquía española», una sesión parlamentaria solicitada por Torra a principios de semana y tras conocer que Don Juan Carlos había dejado España temporalmente. Llegó el lunes, y como habían advertido los letrados de los Servicios Jurídicos del Parlamento autonómico el mismo viernes, no se publicaron los aspectos aprobados en el pleno que pueden chocar con la ley y las advertencias, sobre todo, del Tribunal Constitucional.

Al mediodía -después de que se publicasen las propuestas presentadas- el BOPC publicó la Resolución 905/XII, cuyo texto compila las propuestas de resolución aprobadas. Sin embargo, al final de la resolución, poco antes de la firma de Muro, se añadió una breve nota aclaratoria: «Dado el deber establecido sobre el secretario general del Parlament de impedir o paralizar cualquier actuación jurídica o material que pueda suponer el incumplimiento de lo dispuesto en las STC 259/2015, 98/2019, 111/2019, así como las ITC 141/2016, 170/2016, 24/2017, 184/2019 y 11/2020, la publicación de esta Resolución no incorpora las resoluciones núm. 5 (GP JpC, GP ERC, SP CUP-CC); 2 in fine (GP ERC); 1.2 (SP CUP-CC); 1.7 (SP CUP-CC) y 4 en el inciso ''blinda la continuidad de una Monarquía delincuente'' (GP JpC, GP ERC, SP CUP-CC)».

Es decir, la Resolución 905/XII no incluye los aspectos más polémicos y de dudosa legalidad, en opinión de los letrados parlamentarios, como el que «declara que Cataluña es republicana y, por tanto, no reconoce ni quiere tener ningún rey» y, entre otros, el que ratifica que «el único camino para superar este régimen monárquico es construir efectivamente la república catalana como un Estado de Derecho».

Petición de cese a Muro

Al poco de conocer la decisión de Muro, Torra pidió ayer su cese por las redes sociales de internet. «Ya pasó con mi condición de diputado y ahora otra vez. Basta. El secretario general del Parlament tiene el deber de obedecer al pleno, que es soberano. Y si no lo hace, el presidente del Parlament tiene el deber de cesarlo y asumir él y la Mesa la responsabilidad de publicar la resolución», indicó el presidente de la Generalitat , recordando lo sucedido en enero, cuando tras ser condenado por desobediencia, Torra presionó a los letrados y Torrent para que le mantuvieran el escaño, en contra de lo que establecen las normas.

Ya por la tarde, JpC dio a conocer un escrito con el que exige a Torrent y a los demás miembros de la Mesa del Parlmento autonómico la publicación «íntegra» de la resolución aprobada a última hora del viernes 7 de agosto y que se dé la orden a Muro para que proceda a ello. Y en caso de que el secretario general no «ejecute» la orden , señalaron desde JpC, Torrent debería adoptar las medidas oportunas para la publicación de lo aprobado en el pleno y cesarlo del cargo.

La presión de Torra y JpC contra Torrent y el secretario general encontró respuesta en varios líderes de grupos parlamentarios. Así, por ejemplo, Alejandro Fernández (PP) criticó a Torra por sus «amenazas» y Carlos Carrizosa (Cs) adelantó que su formación irá «donde haga falta» para «defender la democracia», y que impugnarán judicialmente el pleno. Carrizosa también pidió al Gobierno que «haga todo lo posible para que (los independentistas) no creen más conflictos».

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