ECONOMÍA
Una agenda repleta de tareas pendientes
Pensiones suficientes, el déficit, la deuda pública o las deficiencias en el mercado laboral se aplazan hace años
El Gobierno afronta desafíos que llevan años aplazándose como la suficiencia de las pensiones, el déficit y la deuda públicos, las deficiencias del mercado laboral, los altos costes energéticos y la financiación regional
Garantizar las pensiones en el pacto de Toledo
Uno de los objetivos prioritarios del nuevo Gobierno es reactivar el Pacto de Toledo para establecer un sistema que garantice las pensiones sin hundir el sistema de la Seguridad Social. Hay que recordar que fue la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la que hizo «descarrilar» el Pacto de Toledo con su grupo morado en la anterior legislatura. Aunque casi todos están de acuerdo en revalorizar las pensiones según la inflación , habría que adoptar medidas, algunas drásticas, para que no se dispare aún más el déficit de la Seguridad Social, organismo que desembolsa mensualmente casi 9.800 millones de euros y que cuando ha de pagar las extras de julio y diciembre debe de contar con un préstamo del Estado para hacer frente a las mismas. Y eso que los ingresos por cotizaciones están creciendo a un ritmo del 8%, debido también a la subida que registraron en 2019.
Más parados desde que Sánchez llegó a Moncloa
El pasado año acabó con 3.163.605 parados inscritos en los servicios públicos de empleo, lo que supone 1.443 personas más que cuando Pedro Sánchez accedió a La Moncloa en junio de 2018. Además, un año después dijo que en julio (de 2019) la cifra de desempleados descendería de la barrera psicológica de los tres millones por primera vez desde 2008, anuncio que, como muchos otros, no se ha cumplido. En el segundo trimestre de este año podría realizarse su sueño.
Frenazo a la creación de empleo
El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 2019 en 384.373 personas, el peor dato desde 2013. La creación de empleo fue del 2%, hasta los 19,4 millones de afiliados (récord de mujeres, con más de 9 millones). Un año antes se había creado 563.964 empleos y 611.146 en 2017. La desaceleración económica invita a pensar que a corto plazo será difícil repetir esas cifras , máxime si, como apuntan diversos organismos y expertos, el Gobierno de coalición social comunista derogara importantes aspectos de las reformas laborales de Zapatero y, sobre todo, de Rajoy.
Precariedad en el mercado de trabajo
En 2019 se firmaron 22,5 millones de contratos laborales, de los que solo el 9,6% fueron indefinidos . Unicamente el 2,5% de los contratos fueron indefinidos a jornada completa. Los datos son similares a los que se registraban en la última etapa del Gobierno del PP y que tanto criticaron el PSOE y los sindicatos. Estos mantienen ahora un perfil bajo y su principal objetivo es que el Ejecutivo de coalición derogue totalmente las reformas laborales. En este caso, se ha escuchado en el seno del Gobierno tanto la derogación «total» de las reformas laborales como la derogación «solo de los aspectos más lesivos» , sin aclarar cuáles son. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha dicho que prefiere hablar de «mejorar» la legislación laboral.
El ajuste de las cuentas públicas se retrasa
Al Gobierno ha empezado a atragantársele la consolidación fiscal. En 2018 España redujo el déficit público por primera vez en una década del 3% del PIB, al 2,6%, pero incumplió el objetivo en cuatro décimas e hizo la menor reducción desde 2012. Esto ha hecho que se hayan ido acumulando los deberes. El año pasado el objetivo era del 1,3%, pero luego el Ejecutivo de Pedro Sánchez negoció con la Comisión Europea relajarlo al 1,8%, y más tarde admitió la imposibilidad de cumplirlo y lo suavizó al 2%, meta que está por ver si se cumple. El nuevo Gobierno ya ha anunciado que negociará con Bruselas otra relajación de la meta de déficit para 2020, que el PP había fijado en el 0,5% y que Sánchez eleva al 1,7%. Si 2019 ha sido un año casi perdido en esa tarea de consolidación fiscal, sobre los objetivos de 2020 penden la amenaza de unos eventuales Presupuestos cargados de gasto. España ha desaprovechado el contexto económico y monetario favorable y no ha reducido casi nada el déficit estructural. Además, tampoco ha recortado con rapidez el endeudamiento público, que desde que en 2014 superó el 100% del PIB ha bajado solo al 97,8%, lo que deja al país en una situación vulnerable de cara a un enventual empeoramiento económico.
La reforma aplazada de la financiación regional
Si hay una reforma aplazada una y otra vez por los últimos gobiernos es la de la financiación autonómica, que tiene un importante trasfondo político y territorial. Todas las comunidades autónomas llevan años reclamándola. El actual sistema es arbitrario y genera diferencias de financiación entre las regiones. En la última actualización, hecha en 2009, Zapatero trató de contentar a todas transfiriéndoles más recursos, pero no abordó esas diferencias. La reforma tenía que haberse hecho en 2014, pero el Ejecutivo de Rajoy la aparcó. En la primera mitad de 2019, Sánchez la aplazó por el calendario electoral. Su actualización es cada vez más urgente.
La industria necesita un pacto de Estado
La industria sigue siendo uno de los pilares de la economía española , a pesar de las piedras que está colocando en su camino la transición energética. Como ha sucedido con la industria automovilística, que ha registrado un imporante descenso por la demonización del gasóleo impuesta por la ascendida a vicepresidenta, Teresa Ribera. Las exportaciones, auténtico motor de nuestra economía desde la crisis, se están frenando, y del mercado interior hay que destacar el aumento en un 52% del número de trabajadores despedidos por ERE entre enero y noviembre del año pasado. La industria manufacturera fue la más afectada. El sector industrial lleva meses pidiendo al Gobierno una rebaja de los costes energéticos, un marco legislativo estable y una fiscalidad que no sea meramente recaudatoria.
La tarea pendiente de elevar la competitividad
España ha ido aplazando una serie de reformas estructurales encaminadas a mejorar la competitividad. La Comisión Europea, el FMI, la OCDE y la CNMC llevan años reclamando que se liberalicen los servicios profesionales y atajar la fragmentación del mercado español. Aunque en 2013 el Gobierno de Rajoy aprobó la ley de unidad de mercado para acabar con las duplicidades y contradicciones normativas entre los diferentes niveles de la adminstración, su aplicación no está siendo del todo efectiva. Por otro lado, todos los organismos urgen a España a aprobar la ley de servicios y colegios profesionales , al entender que hay trabas a la competencia como la colegiación obligatoria; el último intento de sacarla adelante fracasó por la presión de los «lobbies».
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