Sánchez vuelve a dejar en el cajón la derogación de las reformas laborales
El Gobierno prioriza la reforma del Estatuto de los Trabajadores, para desesperación de los sindicatos y de Unidas Podemos
El programa electoral del PSOE de las últimas elecciones recogía «cambios que eliminen los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012» y «un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI compatibilizando el crecimiento económico con la dignificación de las condiciones laborales». En este caso, el orden de los factores sí que altera el producto final, ya que el Gobierno socialista no está por la labor de dar prioridad a la derogación la reforma laboral de Mariano Rajoy, tal y como le exigen reiteradamente su socio de Unidas Podemos y los sindicatos CC.OO., UGT, ya que prefiere modernizar antes el Estatuto de los Trabajadores.
«Una cuestión inaplazable es la derogación de las reformas laborales de 2010 (Zapatero) y 2012. No podemos ir a negociar un nuevo Estatuto con esta reforma. Es una condición necesaria estas derogaciones como paso previo para negociar un nuevo Estatuto. No somos radicales, somos realistas. Con la actual legislación no se pueden negociar convenios», advirtió recientemente en Bilbao el secretario general de UGT , Pepe Álvarez.
En Unidas Podemos piensan en términos parecidos. «Es obvia la necesidad de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores adaptado a la realidad laboral, tecnológica y ecológica de 2019, pero el primer paso de este proceso es la derogación de unas reformas laborales que han impedido que la gente recuperara los niveles de bienestar previos a la crisis y que fueron escritas al dictado de la troika y con el beneplácito de la CEOE y el Círculo de Empresarios», apuntaban en su programa electoral.
Sin embargo, el responsable económico del comité de estrategia del PSOE, Daniel Fuentes, ha justificado la no derogación de toda la reforma laboral de Rajoy para «no volver al vacío jurídico». En lugar de su derogación total, plantea «una propuesta constructiva», un nuevo Estatuto de los Trabajadores «fruto del diálogo social» y respaldado por «una mayoría social y política lo más amplia posible» y que «vaya más allá de 176 diputados», en referencia a la mayoría absoluta en el Congreso.
Fuentes cita en entre «aspectos más lesivos» aquellos que permiten empeorar las condiciones de subcontratación, una prevalencia condicionada del convenio sectorial, «reequilibrar» la negociación colectiva y limitar «la posibilidad de la modificación unilateral de las condiciones contractuales por parte de los empresarios si se dan condiciones técnicas». No así modificar las condiciones de despido, ni tampoco abaratarlo , como acusa Unidas Podemos.
Sí se contempla revertir algunas facilidades otorgadas al empresario en la reforma laboral para cambiar condiciones salariales o de jornada en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Respecto a la negociación colectiva, el PSOE apuesta por introducir «cláusulas de descuelgue adecuadas» en favor de la protección del trabajador, pues argumenta que «en las empresas muy grandes los convenios suelen ser más protectores para el trabajador que en el resto del sector.
Tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos pretenden limitar la inaplicación de un convenio, también conocido como descuelgue, que el Partido Popular amplió a causas económicas, organizativas, técnicas y de producción. Esta iniciativa cuenta además con el beneplácito de los sindicatos.
El precedente del SMI
Para el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, es «fundamental» derogar «primero y totalmente» las reformas laborales de 2010 y 2012. Y apunta a ABC que los asuntos más lesivos y urgentes serían devolver la negociación colectiva a los convenios del sector, en vez de los de empresa; volver a la autorización administrativa en los ERE «recuperando la normalidad y el sentido común porque ahora a los empresarios no les hacen falta muchos argumentos para aplicar un despido colectivo» y eliminar la ultraactividad de un año de los convenios colectivos.
La ultraactividad, que supone la prórroga de los convenios colectivos cuando estos caducan, fue limitada a doce meses por el Partido Popular. Los sindicatos pretenden acabar con esta medida y que cuando un convenio finalice siga en vigor de forma indefinida hasta que se apruebe uno nuevo.
Desde UGT también hacen un llamamiento a la patronal : «deberíamos estar ya sentados con los empresarios discutiendo qué se tiene que derogar y no esperar a que lo decida el Gobierno». Hace ahora un año, el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió de forma unilateral subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros. Así, el PSOE rompió el acuerdo alcanzado a finales de 2017 entre el Gobierno de Mariano Rajoy, la patronal y los sindicatos para incrementar de forma progresiva el SMI hasta los 850 euros en 2020.
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