Sanidad admite «problemas» en las residencias y destina 300 millones de euros como «orden estricta»
Eleva a «orden» ministerial el protocolo que dicta el cierre de centros, la atención médica y límite de visitas
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Entre todas las situaciones que han desbordado al Gobierno en la gestión del coronavirus, la de los centros de mayores es clamorosa y ha despertado una gran alarma social. Ayer, Sanidad admitió que «hay problemas» en estos lugares foco de infección, aunque al decir de Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, estos centros en España no presentan más letalidad que las residencias de otros países, al ser los ancianos la principal diana para el Covid-19. Por ello, Simón y Salvador Illa adelantaron que elevan a «una orden ministerial muy estricta» un protocolo aprobado el pasado 5 de marzo para proteger a los mayores, que recoge entre otras directrices, el cierre de centros que no cumplan con las condiciones higiénico-sanitarias exigidas, restringir las visitas cuando haya contagio registrado y garantizar la atención médica mínima a los ancianos.
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En la misma rueda de prensa ayer en Moncloa, Pablo Iglesias, vicepresidente tercero del Ejecutivo, anunció que dentro de esa orden, el Gobierno actuará de manera prioritaria en estos centros con una inyección de «300 millones de euros», que se destinará a la dotación de equipos de protección tras el reguero de acusaciones cosechadas por parte de los trabajadores de estos centros y la patronal.
Exigencias de los geriatras
Las críticas más gruesas partieron ayer de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), cuyos profesionales clamaron al Gobierno por medidas de contención absoluta y que no se quede a medio camino. Los geriatras demandan un plan urgente de actuación único contra la pandemia del coronavirus para las residencias de mayores y los centros sociosanitarios, que, por la acumulación de personas, tienen «altas tasas de contagio y mortalidad» en estos momentos. Según los últimos datos facilitados por las comunidades autónomas, solo durante el día de ayer en Madrid murieron nueve personas en una residencia, cuatro por coronavirus, mientras que en Extremadura falleció otro residente.
Además, en los últimos días, como publicó ayer ABC, han muerto unos 60 ancianos en seis provincias.
Para hacer frente a esta dramática situación, la orden del Gobierno transformará el protocolo dado a las autonomías, avanzó el ministro Illa, que unificará las residencias privadas y públicas. Entre las medidas, Iglesias, también ministro de Derechos Sociales, agregó la «urgencia» de «medicalizar» las residencias, reforzando sus plantillas con personal y elementos sanitarios, pero los equipos de protección siguen sin llegar, como denuncia Pilar, enfermera de una residencia en el Ensanche de Vallecas. «El virus ataca sin piedad a los ancianos, en 24 horas» , declaró a la agencia Efe.
La situación en estos centros es tan alarmante que la Fiscalía General del Estado cursó ayer una instrucción para velar por el seguimiento de las residencias de mayores en todo el territorio nacional ante la crisis sanitaria, de forma que se cree una red que aglutine toda la información relativa a «un sector especialmente vulnerable, las personas de la tercera edad ingresados en centros residenciales» e investigue todos los casos. El Ministerio Público se compromete a actuar en todos ellos, con las informaciones que les remitan los fiscales jefes de las diferentes provincias a las Fiscalías Superiores.
Mientras tanto, la película en estos centros parece de ficción. Ayer mismo, se notificaban casos de contagio en residencias y centros de mayorse de, prácticamente todo el país. Las consejerías regionales de Sanidad admiten estar desbordadas y algunas omiten ofrecer públicamente los datos del número de infectados, o se quejan de que no pueden unificarlos porque hay muchos centros privados que no facilitan los datos. Y, luego está, por supuesto, el último eslabón de la cadena: la pesadilla de los familiares cuando les notifican que un pariente ha muerto por Covid-19.
Llaman una a una
Este problema desespera a la Administración madrileña. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero , ha reforzado los protocolos de vigilancia en las residencias, con más control de los inspectores, que desde ayer telefonean a diario a todas ellas para conocer la situación de los residentes y sus necesidades. Reyero también sugirió el jueves la conveniencia de que el Ejército enviara personal sanitario a las residencias de mayores, para colaborar en las situaciones más críticas. No obstante, su idea no fue respaldada por la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso , que de hecho la rechazó públicamente.
En cambio, los bomberos de la Comunidad sí se bregan en desinfectar estos días residencias afectadas por el virus, como la de Monte Hermoso ayer, que ha registrado al menos 17 ancianos fallecidos. La presidenta de Madrid recordó que Madrid lleva semanas adelantándose a las medidas del Gobierno en los centros de día y residencias. «Decidimos hacer estos cierres tajantes para ganar tiempo y preparar a la Sanidad ante la situación que se estaba acercando». «Necesitamos que el Gobierno nos des bloquee», dijo Ayuso.
