El PP pide en el Congreso regular una baja por duelo tras un aborto espontáneo para la madre y su pareja
Plantea una proposición no de ley en la que se precisa que, para acceder a este permiso retribuido, debe ir acompañado del certificado médico correspondiente
Fue una parlamentaria embarazada, Margalida Prohens , quien ha defendido esta tarde en la Comisión de Igualdad del Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que el PP pide un permiso retribuido de «baja por duelo» en casos de aborto espontáneo, con independencia del momento en que se produzca esa pérdida. También propone ampliarla a la pareja de la madre en el caso de que la hubiera.
De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 se produjeron 47.255 abortos espontáneos; murieron 4,17 bebés por cada mil nacidos en 2020 y 2,81 muertes en estadio tardío se produjeron a partir de la semana 28 del embarazo. Los parlamentarios del resto de grupos coincidieron en que las consecuencias psicológicas que estas pérdidas tienen son enormes y las mujeres y sus parejas deben «romper el tabú, la soledad y el silencio» que las envuelven.
«El problema ha estado invisilizado», coincidieron diputadas como Marisol Sánchez , del PSOE, y María del Mar García Puig , del Grupo de Unidas Podemos y los comunes, quienes agradecieron la propuesta al PP, si bien la segunda atribuyó que esta conquista procede de «la revolución feminista» en la que estamos inmersos.
En la propuesta original, el PP pide una baja remunerada en los puestos de trabajo de la que adolece España, a diferencia de otros países, puesto que «existe el derecho a la baja por maternidad pasados los 180 días del embarazo. Pero no lo hay por otros motivos y hay que cuidar especialmente la salud de las mujeres que sufren la pérdia», objetó Prohens. Para solicitar la baja, deberá acompañarse del certificado médico correspondiente.
En la propuesta, el PP demanda también un protocolo sobre atención a las mujeres y sus familias en proceso de muerte y duelo gestacional y perinatal para abordar desde todos los frentes sociosanitarios el «acompañamiento» que necesitan estas personas. La iniciativa ha contado con el visto bueno del resto de los grupos (salvo Vox, que se abstuvo) que reclaman al Gobierno acelerar que esta medida se convierta en un «derecho legal».
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