Las organizaciones reclaman que se ponga en marcha inmediatamente la ley de infancia para que deje de ser «papel mojado»

Entró en vigor hace ya nueve meses, pero la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, sigue sin ser una realidad. Así lo consideran las principales organizaciones dedicadas a los derechos de los niños que, aunque valoran que desde que se aprobó la norma el pasado mayo ha habido avances en varias materias relacionadas con la protección de los menores, denuncian que hay aspectos estancados que impiden que el texto se implemente por completo.

«Hay cosas que se podrían hacer más rápido o priorizar », expone Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Políticas de la Infancia de Save the Children, que destaca que sí se está avanzando en otros puntos que contempla la ley, como en la estrategia de la erradicación de la violencia o en la elaboración de protocolos para los centros de acogida, entre otros. Es precisamente esta estrategia, sostiene, la que va a llevar a acciones concretas , por lo que «es importante que se materialice» pronto. «Hay que poner inversión. Hace falta presupuesto para poner en marcha todo, pero también ambición a la hora de implementarla para que no sea un papel mojado », reclama.

La parte que atañe a la Justicia, sin embargo, está aún por hacer. La ley marca un plazo de un año -que se cumple el próximo junio- para que el Gobierno remita al Parlamento un proyecto de modificación de ley por el que se especialicen los órganos judiciales , es decir, que tanto jueces como fiscales cuenten con formación específica en derechos de infancia y que haya juzgados dedicados exclusivamente a la protección de menores, de los que de momento solo existe uno en las Islas Canarias. «La especialización de la Justicia es algo que desde el Consejo de Europa se considera fundamental. Esta es una de las partes que hay que priorizar, y ojalá se pueda», dice Perazzo.

«La especialización va a tardar porque supone establecer un nuevo cuerpo de jueces, reformar todo el sistema de juzgados y de Fiscalía, pero creo que se pueden ir dando algunos pasos por ejemplo en cuanto a convertir los juzgados en entornos seguros, amigables », apunta por su parte Almudena Olaguibel, especialista en políticas de infancia de Unicef España. «No sabemos cuándo va a estar implementada el cien por cien de la ley porque abarca a muchas entidades y administraciones: a direcciones generales, comunidades autónomas, entidades locales...etc.», concreta Olaguibel.

En esta línea y con la intención de que los puntos de la ley se puedan materializar cuanto antes , Unicef ha presentado el proyecto 'Entornos Protectores', mediante el que propone una serie de recursos que puedan servir a administraciones y entidades para aplicar la norma. Así, consta de un informe sobre infancia y violencia en el que han participado niños y ofrece propuestas que puedan mejorar su atención; de una hoja de ruta que marca las actuaciones a seguir y las prioridades y de una guía que pretende hacer comprender la realidad de violencia contra menores y ayudar a los profesionales a detectar este tipo de situaciones.

Las exigencias, sostiene esta experta, se dan «a todos los niveles», aunque apunta especialmente a los servicios sociales: «Tienen la parte más gorda de todo el esfuerzo porque les dota de competencias nuevas, les da una importancia fundamental». Y para eso, dice, es necesario que las administraciones cuenten con un presupuesto con el que poder llevar a cabo los cambios. «Todo exige financiación, pero también el cambio de mirada del profesional, que se consigue con la formación. Hace falta compromiso», señala.