Los obispos avisan de que la Constitución «tendrá que venir en ayuda» de los «sectores ninguneados» por la ley Celaá
Manifiestan su «preocupación» por «las limitaciones al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza» que proclama la Lomloe
La ley Celaá consiguió este jueves dar un paso más en su tramitación parlamentaria después de que el pleno del Congreso aprobara por la mínima el dictamen de la que será la octava ley de educación de la democracia. Sin embargo, los obispos recordaron este viernes que el actual articulado de la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) «fuerza bastante la interpretación constitucional» sobre la libertad de enseñanza y el derecho a la elección de centro.
Así lo aseguró el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello, durante una rueda de prensa al término de la Asamblea Plenaria. «Si no se modifica la ley en lo que resta de tramitación, existe un riesgo de que sea inconstitucional y entonces tendrá que venir la Constitución en ayuda de aquellos sectores que se sienten ninguneados por esta ley», afirmó el portavoz, quien no descartó interponer una demanda ante el Tribunal Constitucional.
En una declaración conjunta de todos los obispos que han participado estos días en la Asamblea Plenaria, el episcopado lamenta que el Gobierno haya procedido a la tramitación de esta ley «a pesar de las difíciles circunstancias causadas por la pandemia y con unos ritmos extramadamente acelerados».
Tras pasar al Senado después de superar su primer trámite en el Congreso, los obispos manifiestan su «preocupación» por «las limitaciones al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza» que proclama la Lomloe y piden «una mayor protección» de ambos principios constitucionales.
Recuerdan además que «no es aceptable que el Estado pretenda apropiarse del protagonismo de la familia en la educación de los hijos , identificando el carácter público de la enseñanza con su dimensión organizativa de carácter estatal». «No solo lo que es de titularidad estatal es público», subrayan los obispos, al tiempo que piden al Gobierno que recoja «la demanda social en todas las etapas del proceso educativo».
En la nota hecha pública este viernes, los prelados también lamentan que su propuesta sobre una nueva configuración de la asignatura de Religión «no haya recibido una respuesta por parte del Ministerio» y, en cambio, sí haya decidido suprimir «el valor académico de la materia», dejando a los alumnos que no la cursen «sin una formación con contenido escolar».
«No se pueden crear guetos»
En otra nota, los obispos también se han referido a la crisis migratoria de Canarias. «El problema no es solo canario, es de toda España, europeo y global, y quienes sufren las migraciones forzosas gozan de una dignidad inalienable y compartida con todos nosotros» , manifiestan el episcopado.
Por ello, reclaman a la Unión Europea y el Estado español que asuman «que no se pueden crear guetos insulares para evadir el problema migratorio».
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