Un juzgado reconoce por primera vez la enfermedad profesional a un trabajador de la sanidad contagiado por Covid
Csif denuncia que solo se están admitiendo como accidente laboral por coronavirus un 10% de los casos
Lo aprobó el Gobierno en Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, pero hasta esta semana una sentencia judicial no había reconocido que el contagio de coronavirus de un trabajador sanitario debe considerarse como una enfermedad profesional .
Ángel G.M., de 63 años y auxiliar administrativo en un centro de salud de Malpica de Tajo (Toledo), se contagió de Covid-19 el 13 de septiembre de 2020. Entonces, con diagnóstico positivo, se le reconoció la incapacidad temporal por sufrir un «síndrome respiratorio agudo severo» asociado al virus. El 23 de octubre de ese mismo año, y como consecuencia de los síntomas que aún sufría, se le concedió la baja por enfermedad común con diagnóstico de «disnea y alteraciones respiratorias», según la sentencia conocida ayer del Juzgado de lo Social número 3 de Talavera de la Reina. Ángel se reincorporó a su puesto de trabajo el 15 de enero de 2021.
Al verse desprotegido y considerar injusto que tanto la Seguridad Social como la mutua colaboradora Solimat le denegaran el reconocimiento de enfermedad profesional, optó por denunciarlo. La juez que instruyó el caso considera que Ángel estuvo «expuesto a un riesgo probado de exposición» y que se contagió cuando desempeñaba su trabajo. Al considerarse una consecuencia de su labor, lo exime de presentar más pruebas que las patologías que muestra, y da por probado que están relacionadas con las tareas que realizaba, en este caso de atención en el mostrador del centro de salud.
Respecto a la segunda incapacidad temporal, que impide que Ángel respire con normalidad, la magistrada entiende que no existe ninguna duda de que es consecuencia derivada del contagio por Covid y que, por ende, debe ser considerada igualmente enfermedad profesional.
Avance para administrativos
Para Encarna Abascal , responsable de Salud Laboral de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), entidad que ha logrado ganar el caso, esta sentencia abre el camino a muchas otras que están por llegar. «Esto no solo supone que se le pague el cien por cien de la baja al trabajador, sino que además se le proteja a lo largo de toda su vida», cuenta a ABC. Así, cualquier secuela que pueda aflorar entre los trabajadores sanitarios y que pueda estar relacionada con el coronavirus se reconocerá como laboral, y tendrá sus consecuencias en cuanto a indemnizaciones, jubilación, etc.
Otro de los aspectos que destacan desde CSIF es que se haya reconocido a un colectivo «tan desprotegido» durante la pandemia como el de los auxiliares administrativos de los centros de salud y hospitales. «Los que prestan servicio también son personal sociosanitario y se les estaba excluyendo de todas las consideraciones», añade Abascal.
Esto permitirá que desde los ayudantes de cocina de los hospitales hasta los guardias de seguridad puedan acogerse a la enfermedad profesional y quedar protegidos al mismo nivel que lo harán también los médicos, enfermeros y técnicos de cuidados auxiliares.
Un dato que destaca también la Central Sindical es que, a pesar de que el Ministerio de Sanidad cifra en 128.280 los sanitarios contagiados durante el primer año de pandemia, en ese mismo periodo solo se registraron 13.252 accidentes de trabajo por Covid-19 entre ellos, consecuencia de su infección por el patógeno. Esto supone, según el sindicato, que «solo se están reconociendo como accidente laboral un 10% de los casos del colectivo que aglutina la mayor cifra de contagios en España desde la propagación del virus. Lo achacan a una verdadera «falta de voluntad política por garantizar la protección de estos trabajadores».
Una demanda social
Fue el pasado 22 de diciembre cuando la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley (PNL) por la que se instó al Gobierno a considerar enfermedad profesional la baja laboral de los trabajadores sanitarios contagiados por Covid-19 durante el ejercicio de su trabajo. Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó en febrero pasado y con carácter retroactivo la proposición de ley que los actores sociales demandaban desde hacía casi un año.
El propio Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, dirigió una recomendación en este sentido el pasado mes de octubre al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tras recibir una queja colectiva de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts).
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