El Defensor del Pueblo pide al nuevo Gobierno que priorice la lucha contra la violencia de género

ABC / EP

21/01/2020 a las 01:49h.

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El Defensor del Pueblo ha pedido al nuevo Gobierno de coalición formado entre el PSOE y Unidas Podemos que la lucha contra la violencia de género « sea una de sus prioridades en esta legislatura» , después del repunte de crímenes sexistas de mujeres a manos de sus parejas o exparejas durante 2019, cuando fueron asesinadas 55 mujeres y tres hijos e hijas menores de edad .

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha formulado nuevas recomendaciones para reforzar el sistema de protección de las víctimas de este tipo de violencia. A su juicio, el Pacto de Estado sobre violencia de género (que entró en vigor en diciembre de 2017) fue un «gran acierto» y pide al nuevo Ejecutivo que desarrolle las medidas «de manera urgente»".

Tal y como explica, la Institución ha detectado un déficit en el sistema VioGen , que evalúa el riesgo de las víctimas de violencia de género, porque no cuenta con una herramienta específica para valorar el riesgo en el que se encuentran los hijos de las mujeres víctimas de violencia machista.

Así, ha reclamado al Ministerio del Interior la creación de un sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género contra los hijos e hijas menores de las mujeres maltratadas. La institución pide que sea «específico y adecuado» para valorar el tipo de riesgo al que estos niños, niñas y adolescentes están sometidos.

Por otro lado, Fernández Marugán avisa de que no existe una obligación homogénea en todas las comunidades autónomas para que los puntos de encuentros familiar alerten a las autoridades competentes de los riesgos que detectan cuando atienden a las familias. Por ello, ha recomendado a la delegada del Gobierno para la Violencia de Género que impulse la elaboración de un protocolo común en el que se requiera a los puntos de encuentro familiar la emisión de informes en estos casos. Para el defensor del Pueblo, «un maltratador nunca puede ser un buen padre». Por este motivo, ha recomendado al Ministerio de Justicia que promueva la modificación de las normas necesarias para asegurar la revisión del régimen de visitas siempre que exista una orden de protección en vigor respecto a la madre de los menores afectados, y la suspensión en todos los casos de condena por delitos de violencia de género.

El Defensor también ha recomendado a la Secretaría de Estado de Justicia que dote a los juzgados de violencia de género de las unidades de valoración forense y de recursos especializados necesarios para que tanto fiscales como jueces puedan desarrollar sus funciones con plenas garantías.

Además, le ha aconsejado que arbitre los mecanismos necesarios para que en los juicios rápidos se pueda valorar el riesgo en el que pueden encontrarse los menores que conviven en un hogar donde existe violencia y se puedan adoptar las medidas de suspensión o supervisión del régimen de visitas de los hijos e hijas de víctimas de violencia de género, con los elementos de juicio suficientes.

También se han formulado recomendaciones al Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial para que renueven y adapten los protocolos de actuación de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la situación actual en la que se encuentra el sistema de protección y a las necesidades de las víctimas.

Además, se ha reclamado a la Policía Nacional que refuercen con medios materiales y personales suficientes las unidades de familia y mujer, en aquellos lugares donde se necesite, para que puedan acceder cuanto antes a la protección judicial.

Por otra parte, la Institución ha pedido a la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género (en manos de la juez de Podemos Victoria Rosell) que promueva la elaboración de un plan común de formación en materia de violencia de género y tratamiento de las víctimas para todos los funcionarios y personal dependiente de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales que atienden a las víctimas.

Asimismo, ha elaborado recomendaciones para mejorar la coordinación entre administraciones, reclamando un protocolo que sirva de referencia a las comunidades autónomas a la hora de elaborar los «planes de intervención individualizada» o «planes personalizados de intervención». Estos planes deben contener un adecuado análisis de la situación familiar e incluir a los menores a cargo de las mujeres garantizándoles la intervención especializada de psicólogos, educadores y personal sanitario.

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