El Consejo Económico y Social avala la 'ley Trans', pero duda de que se apruebe el texto tal y como está ahora

Érika Montañés

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28/01/2022
Actualizado a las 01:07h.

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El dictamen del Consejo Económico y Social (CES) sobre el anteproyecto de ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI es positivo. El órgano netamente consultivo por parte del Gobierno y no vinculante da el visto bueno al redactado, si bien alberga «dudas acerca de que el texto remitido a este órgano sea el definitivo», resume en la ponencia que se extrajo de la sesión plenaria que tuvo lugar el pasado miércoles, 26 de enero.

El anteproyecto de la norma, que consta de 79 artículos estructurados en cuatro títulos, tres disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y veinticuatro disposiciones finales, debe ser elevado todavía para su revisión en el Consejo de Ministros y luego someterse a votación en el Congreso de los Diputados, por lo que su tramitación normativa se demoraría al siguiente periodo de sesiones, como pronto, para que echase a andar.

El Consejo de Estado, en su ponencia, a la que ha tenido acceso este periódico , valora la 'ley Trans' preparada por el Ministerio de Igualdad y que tuvo entrada en el organismo el pasado 16 de diciembre. A 26 de enero, los miembros del CES mantienen que toda lucha contra una fuente de discriminación o conductas «tóxicas como la LGTfobia» debe ser bien acogida. Por eso, valora el reconocimiento de una realidad «escasamente visibilizada» como la del colectivo transexual, y la incorporación de «novedades sustantivas para estas personas en dimensiones tan relevantes como la salud y la atención sanitaria». El CES aplaude también los avances que recoge el texto hacia la «despatologización de las personas trans la posible determinación libre de la identidad de género , la prohibición de las terapias de reconversión y el contracondicionamiento» de homosexuales y transexuales y ve «imprescindible» avanzar en el respeto a la diversidad sexual, familiar y de género y «el desarrollo del derecho a la no discriminación en todos los ámbitos donde el rechazo esté presente, incluyendo los entornos laborales».

Sin embargo, el anteproyecto merece algunas observaciones antes de su remisión a La Moncloa: se queda 'corto' en la lucha contra el ciberacoso, así que el CES considera «especialmente importante que en el texto original se refuerce la prevención de esta conducta», dice. También explicita que «deberían tenerse en cuenta más medios a través del cual pueda producirse la discriminación hacia el colectivo, como el uso inadecuado de algoritmos (un aspecto que denuncia con firmeza Igualdad), y otras herramientas de inteligencia artificial». El CES subraya la necesidad de que el anteproyecto de ley incluya más avances para la prevención, identificación y evaluación de todo tipo de comportamientos 'LGTBfóbicos'.

Por todo esto, el CES acaba dudando de que con la sola redacción dada por el anteproyecto se pueda contribuir eficazmente al cumplimiento de los fines perseguidos y con los que el departamento de Irene Montero concibió esta normativa . También entiende el CES que «debe garantizarse la equidad en el acceso a la atención sanitaria específica y adecuada para las personas LGTBI mediante su plena incorporación a la cartera común de los servicios del Sistema Nacional de Salud», para que no haya ninguna autonomía que manifieste reservas o ponga problemas para que una persona transexual, por ejemplo, pueda acceder a un tratamiento de reproducción asistida. Desde el punto de vista técnico, el CES también detecta «discrepancias» entre la definición de «acoso discriminatorio» que incluye este anteproyecto y las definiciones de «acoso sexual» y «acoso por razón de sexo» que contiene la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

El CES dictamina que es conveniente que el texto de Igualdad se mejore para perfilar «el círculo de personas legitimadas para la defensa de las víctimas discriminadas por su orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, además de las propias afectadas» en algunos procedimientos a los que se refiere el anteproyecto.