Aprobados confinamientos parciales en las cuatro barriadas de Palma más afectadas hoy por el coronavirus
El Gobierno balear limita la movilidad en esos enclaves, salvo por motivos laborales o educativos, y recomienda además que los vecinos permanezcan en sus casas
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La consejera de Salud del Gobierno balear, la socialista Patricia Gómez, ha anunciado este miércoles que el Govern aplicará confinamientos parciales en las cuatro barriadas de Palma más afectadas hoy por el coronavirus. Dichas barriadas, ubicadas en el extrarradio de la ciudad, son Son Gotleu, Can Capes, La Soledat Nord y Son Canals, si bien en el caso de esta última sólo una parte de la misma se verá afectada por las nuevas restricciones. Los citados confinamientos se empezarán a aplicar el próximo viernes —a partir de las 22.00 horas— y tendrán una duración inicial de 15 días, prorrogables.
Cabe recordar que el pasado lunes el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol había acordado habilitar a la Consejería de Salud para que, a partir de ahora, pueda adoptar diversas medidas de carácter excepcional en las zonas de Baleares actualmente con más casos de Covid-19. Durante su comparecencia, Gómez ha detallado todas las medidas que se implementarán en esos cuatro barrios palmesanos. Entre ellas cabe destacar que se restringirá la entrada y la salida de las personas que residan en esos enclaves, salvo por motivos laborales, educativos, asistenciales o sanitarios. Por otra parte, si bien se permitirá que los vecinos de esos barrios puedan pasear por el interior del perímetro fijado ahora por el Govern, se recomienda que permanezcan en sus casas y se desaconseja que hagan desplazamientos innecesarios. Por lo que respecta a los contactos personales, «se han de limitar tanto como sea posible a las personas que integran el grupo de convivencia habitual».
En cuanto a las reuniones sociales, no podrán ser de más de cinco personas. Dicha limitación incluirá bodas, servicios religiosos, celebraciones y prácticas deportivas. Otra restricción que afectará también sólo a Son Gotleu, Can Capes, La Soledat Nord y Son Canals está relacionada con los aforos. Así, no podrá superarse el 50% de la capacidad posible en los establecimientos ubicados en esas zonas. Además, el cierre de los locales comerciales no podrá ir más allá de las 22.00 horas en ningún caso. Gómez también ha anunciado que se prohibirán las fiestas populares. Asimismo, se suspenderá la actividad en los gimnasios, los centros deportivos, los jardines, los parques infantiles y los locales de ocio infantil. Por último, se suspenderá también la actividad en los lugares de culto, salvo la celebración de funerales, con un máximo de 15 personas.
La consejera ha explicado que estas restricciones se han aprobado « en base a criterios epidemiológicos , asistenciales y sociales». En las citadas barriadas existía una transmisión comunitaria de la pandemia desde hacía ya varias semanas. Gómez ha comparecido acompañada por el alcalde de Palma, el socialista José Hila. El primer edil ha recordado que en la capital balear existen 86 barriadas y viven hoy unas 400.000 personas. Por lo que respecta a los cuatro barrios que ahora se confinarán parcialmente, residen en ellos un total de casi 23.000 personas. Esos cuatro barrios están ubicados uno al lado del otro y conforman una figura prácticamente rectangular vistos sobre un plano, lo que ha facilitado poder fijar ahora el perímetro del confinamiento, delimitado por la Vía de Cintura y por las calles Reyes Católicos, Manacor y Aragón.
Resoluciones previas
El pasado sábado ya había entrado en vigor otra resolución de carácter restrictivo del Govern, aprobada por la Consejería de Salud un día antes y pensada igualmente para intentar detener el actual incremento sostenido de casos de coronavirus en Baleares . La especificidad de esa resolución previa era que estaba destinada sólo a aquellas personas que hayan dado positivo por Covid-19 o que sean un contacto estrecho de un caso confirmado. Más en concreto, la instrucción aprobada el pasado 4 de septiembre facultaba a la Consejería de Salud para dictar órdenes de confinamiento obligatorio para las personas que se hallen en uno de esos dos supuestos. El ámbito de actuación en ese caso es todo el territorio de la comunidad autónoma.
La preceptiva orden de confinamiento obligatorio se le comunicará a cada infectado o a cada contacto estrecho mediante un mensaje SMS y paralelamente se le entregará una notificación de manera presencial en su domicilio. Además, el 112 facilitará a los cuerpos policiales, los servicios de inspección y los servicios de emergencias el listado con las personas afectadas en cada momento. De ese modo, se podrá comprobar si una determinada persona que se encuentre en un espacio público debería estar en su casa por una de las dos causas sanitarias citadas. En caso de ser así, se podrá sancionar a esa persona con multas que inicialmente oscilarán entre los 100 y los 3.000 euros.
En la resolución vigente desde el pasado sábado, el Govern distingue entre aislamiento —pensado para una persona contagiada— y cuarentena —pensada para una persona sospechosa de ser positiva—, si bien en ambos casos los afectados deberán permanecer en el lugar que se les indique, durante el plazo que se establezca para cada situación concreta y sin posibilidad de desplazarse ni de relacionarse con otras personas. La duración del aislamiento o de la cuarentena vendrá determinada por las circunstancias específicas de cada caso, pero en principio oscilará entre los 10 y los 14 días como mínimo.
Ajustada a derecho
El contenido de la resolución aprobada hace cinco días suscitó una cierta controversia inicial. Así, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) emitió el pasado lunes un comunicado en el que expresaba sus dudas acerca de la «constitucionalidad» de esa instrucción. El SUP pedía una «aclaración» de los puntos referidos a la obligatoriedad del confinamiento de los positivos por Covid-19 o de sus allegados y a «la cesión de los datos clínicos» a los cuerpos policiales y los servicios de emergencias. Por su parte, la portavoz del Govern, la socialista Pilar Costa, especificó que no se cederán datos clínicos de los afectados a los efectivos policiales o de emergencias que deban ejecutar los confinamientos, sino que sólo les serán comunicadas a dichos efectivos las órdenes de confinamiento.
Por otra parte, fuentes del Govern explicaron también el lunes a ABC que, en principio, no será necesaria la autorización de un juez para que se pueda proceder al aislamiento o a la cuarentena de un positivo por coronavirus o de un contacto directo. Dichas fuentes aclararon, en ese sentido, que la Consejería de Salud sólo necesitaría el aval de un juez para poder obligar a que cumplan el preceptivo confinamiento aquellas personas que voluntariamente no quieran llevarlo a cabo. En ese contexto, el mismo lunes el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma emitió un auto en el que ratificó «las medidas de carácter sanitario» contenidas en la mencionada resolución.
Las restricciones aprobadas el pasado sábado y las anunciadas este miércoles se suman a otras que ya están vigentes desde agosto en toda la Comunidad, como la prohibición de fumar en la vía pública, el cierre de todas las playas a las nueve de la noche y la obligatoriedad de llevar mascarilla también en los centros de trabajo, excepto cuando éstos se encuentran al aire libre. Asimismo, están prohibidas las «party boats» , se ha reducido el aforo de los lugares de culto del 75% al 50% y se impide el contacto en los entrenamientos de los deportes de equipo. El Govern también decidió semanas atrás que los clubs de personas mayores permanezcan cerrados y decretó finalmente el cierre de los prostíbulos.
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