Baleares prohibirá los contactos fuera del ámbito familiar de convivencia en las zonas más afectadas por el Covid-19
El Ejecutivo regional aplicará además restricciones totales o parciales en la libre entrada y salida de personas en los núcleos con más casos de coronavirus
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El Govern ha aprobado este lunes en Consejo de Gobierno habilitar a la Consejería de Salud para que, a partir de mañana, pueda adoptar diversas medidas de carácter excepcional en las zonas de Baleares más afectadas hoy por el Covid-19 . Entre dichas medidas se encuentran las limitaciones o prohibiciones específicas de contactos y reuniones sociales fuera del grupo de convivencia habitual, que en España suele ser la familia, si bien ese supuesto vale también para los compañeros de piso. Cabe recordar que en estos momentos sólo están ya autorizadas en el Archipiélago las reuniones familiares y sociales de un máximo de diez personas.
La portavoz del Gobierno balear, la socialista Pilar Costa, ha detallado en rueda de prensa cuáles son las distintas medidas ahora autorizadas, que incluyen también las restricciones totales o parciales en la libre entrada y salida de personas en los núcleos con más casos de coronavirus, así como las limitaciones de la circulación por las vías y los espacios de uso público. Además, el Govern también podrá limitar o suspender la actividad de los locales comerciales , los establecimientos de restauración y los lugares de culto. Asimismo, se podrán suspender fiestas, atracciones de feria, fiestas populares y actividades culturales y deportivas. La posible limitación o suspensión de actividades afectará igualmente a academias, autoescuelas, centros de enseñanzas no regladas y centros de formación, así como a los centros de servicios sociales.
El objetivo que persigue el Govern con todas esas restricciones es «frenar la propagación del Covid-19 », después de que en las tres últimas semanas se haya registrado un relevante y persistente incremento de casos en las Islas, con una media de unos 300 nuevos positivos diarios. Costa ha recalcado en varias ocasiones que todas las medidas anunciadas este lunes estarán acotadas «temporal y geográficamente», lo que significa que en cada núcleo en donde se apliquen se desarrollarán de forma flexible y que, por tanto, no necesariamente se pondrán todas en marcha al mismo tiempo o en su integridad. Las medidas que se adopten tendrán una vigencia máxima inicial de quince días naturales, aunque podrán ser prorrogadas en caso de que persistan las circunstancias que las hayan motivado.
En principio, los confinamientos parciales previstos afectarán a diversas barriadas de Palma y a los municipios de Mallorca, Menorca e Ibiza con más casos de coronavirus en la actualidad. Además de la capital balear, los municipios en los que podría haber algún tipo de confinamiento serían Santa María, Inca, Deià, Esporles, Valldemossa, Marratxí, Alaró, Binissalem, Banyalbufar y Llucmajor en Mallorca. En cuanto a la isla de Ibiza, serían la capital y el municipio de Sant Antoni. Por último, en Menorca serían Ciutadella y Sant Lluís. En cualquier caso, Costa ha indicado que la Consejería de Salud aún no ha decidido cuáles serán los núcleos finalmente afectados por las nuevas restricciones . El elemento común esencial en todos los núcleos ahora mismo en estudio es que en cada uno de ellos existe una transmisión comunitaria de la pandemia.
Restricciones previas
Cabe recordar que el pasado sábado ya había entrado en vigor otra resolución de carácter restrictivo aprobada por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol, pensada igualmente para intentar detener el actual incremento sostenido de casos de coronavirus en Baleares. La especificidad de esa resolución previa era que estaba destinada sólo a aquellas personas que hayan dado positivo por Covid-19 o que sean un contacto estrecho de un caso confirmado. Más en concreto, la instrucción publicada este pasado 5 de septiembre permitirá a la Consejería de Salud dictar órdenes de confinamiento obligatorio para todas esas personas.
La orden de confinamiento se le comunicará a cada afectado mediante un mensaje SMS y paralelamente se le entregará una notificación de manera presencial en su propio domicilio. Además, el 112 facilitará a los cuerpos policiales, los servicios de inspección y los servicios de emergencias el listado con las personas afectadas en cada momento. De ese modo, se podrá comprobar si una determinada persona que se encuentre en un espacio público debería estar en su casa y, en caso de ser así, se podrá proceder a sancionarla, con multas que oscilarán entre los 100 y los 3.000 euros, si bien esas sanciones podrían ser de mayor importe en determinados casos.
El Govern distingue en la resolución aprobada el pasado sábado entre aislamiento —pensado para una persona contagiada— y cuarentena —pensada para una persona sospechosa de ser positiva—, pero en ambos casos los afectados deberán permanecer en el lugar que se les indique, d urante el plazo que se establezca para cada situación concreta y sin posibilidad de desplazarse ni de relacionarse con otras personas. La duración del aislamiento o de la cuarentena vendrá determinada por las circunstancias específicas de cada caso, pero en principio oscilará entre los 10 y los 14 días como mínimo. Esa resolución recuerda que quienes intervengan en la aplicación de los confinamientos quedarán obligados a tratar los datos personales de los afectados de conformidad con la normativa de protección de datos actualmente vigente en España.
Una resolución polémica
En ese contexto, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha emitido este lunes un comunicado en el que expresa sus dudas acerca de la «constitucionalidad» de la resolución aprobada el pasado sábado por el Govern. El SUP pide una «aclaración» de los puntos referidos a la obligatoriedad del confinamiento de los positivos por Covid-19 o de sus allegados y a «la cesión de los datos clínicos» a los cuerpos policiales y los servicios de emergencias. Desde el Govern, Costa ha defendido, por su parte, la legalidad de la citada resolución, a expensas de lo que puedan dictaminar esta misma semana los órganos judiciales sobre su contenido. Asimismo, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha especificado que no se cederán datos clínicos de los afectados a los efectivos policiales o de emergencias que deban ejecutar los confinamientos, sino que sólo les serán comunicadas a dichos efectivos las órdenes de confinamiento.
Por otra parte, fuentes del Govern han explicado este lunes a ABC que, en principio, no será necesaria la autorización de un juez para que se pueda proceder al aislamiento o a la cuarentena de un positivo por coronavirus o de un contacto directo. Dichas fuentes han aclarado, en ese sentido, que la Consejería de Salud sólo necesitaría el aval de un juez para poder obligar a que cumplan el preceptivo confinamiento aquellas personas que voluntariamente no quieran llevarlo a cabo.
Las restricciones aprobadas el pasado sábado y las anunciadas este lunes se suman a otras que ya están vigentes desde agosto , como la prohibición de fumar en la vía pública, el cierre de todas las playas a las nueve de la noche y la obligatoriedad de llevar mascarilla también en los centros de trabajo, excepto cuando éstos se encuentran al aire libre. Asimismo, están prohibidas las «party boats», se ha reducido el aforo de los lugares de culto del 75% al 50% y se impide el contacto en los entrenamientos de los deportes de equipo. El Govern también decidió semanas atrás que los clubs de personas mayores permanezcan cerrados y decretó finalmente el cierre de los prostíbulos.
