Viviendas turísticas
Los vecinos y los administradores de fincas, a favor de que se puedan vetar pisos turísticos en los bloques: «Se evaluará cada caso»
cádiz
A partir de ahora, los propietarios podrán oponerse a los nuevos pisos turísticos dentro de su mismo edificio, quedando condicionados a que la junta de vecinos dé su visto bueno con una mayoría de tres quintos
«Es un tema peliguado», dicen, eso sí, los administradores de fincas respecto a que habrá vecinos que vean truncada su intención de explotar económicamente la vivienda
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Llevaba tiempo barruntándose el malestar social con la proliferación de viviendas turísticas en ciudades con un elevado número de visitantes, debido a las dificultades que ocasionan para que los habitantes accedan al mercado. Y son distintas administraciones públicas las que están actuando ya en consecuencia.
Si a principios de mes era el Ayuntamiento de Cádiz el que anunciaba la supresión de nuevas licencias para este fin en el centro de la ciudad hasta que un estudio dictamine si se trata de una zona tensionada, ahora es el Gobierno el que ha presentado esta semana una enmienda para que los vecinos elijan si se abren nuevas viviendas con fines turísticos en sus propios bloques.
La medida, que afectaría a la Ley de Propiedad Horizontal, no tiene carácter retroactivo, por lo que no tendrá influencia sobre aquellas que ya están establecidas y en funcionamiento, pero sí que será determinante a la hora de permitir que haya más pisos que puedan dar cabida a los turistas.
Hay que recordar que las comunidades de vecinos ya poseían la capacidad de vetar la presencia de estos pisos dentro de sus portales, siempre y cuando estuviese expresamente recogida dicha prohibición en los estatutos, tal y como avaló el Tribunal Supremo a finales del año pasado en dos sentencias que validan dicha postura tras unas denuncias presentadas en el País Vasco y Asturias.
De igual modo, desde 2019, y en la misma proporción que se indica en la propuesta actual, si tres quintos de los vecinos decidían vetar que uno de los pisos pasase a ser un alojamiento para fines turísticos, podían impedirlo. La principal novedad reside en que ahora deberá someterse a votación de forma expresa con anterioridad. Y en caso de no respetarse la decisión adoptada, no sólo podrán ser los propietarios quienes avisen al presidente para que inicie las acciones legales pertinentes, sino que también podrán hacerlo los inquilinos que vivan arrendados en algunas de las viviendas.
La intención del Gobierno es que cada vez sea más difícil establecer un piso turístico, teniendo en cuenta la tensión latente y que la vivienda se ha convertido en unos de los principales quebraderos de cabeza entre la población. Porque desde el Ejecutivo son conscientes de que, por lo general, en los pisos en los que se alojan los turistas suele haber más ruidos e inconvenientes que con otro perfil de conviviente, puesto que normalmente están de vacaciones, en un contexto muy distinto y con un ánimo mucho más predispuesto a, en mayor o menor medida, alargar horarios. Y por lo tanto, es muy probable que si los vecinos pueden votar al respecto, salvo que tengan un interés económico sobre dicha propiedad, lo hagan en la mayoría de los casos en contra.
De este modo, la administración estatal cree que puede atajar de cara al futuro un problema que ya es central en la conversación social y con el punto a favor para el Ejecutivo de que son los propios vecinos quienes adoptan las decisiones, quedando el Gobierno fuera de la ecuación en esta responsabilidad.
Acogida favorable
Este periódico ha hablado con varias asociaciones de vecinos de la capital gaditana, que prefieren no dar una opinión firme en su nombre hasta que celebren una reunión con la federación que agrupa a este colectivo, algo que se va a producir en las próximas semanas porque es una cuestión que ha generado mucho interés.
«Sí es verdad que es un problema que estaba ahí y el hecho de que sean los mismos vecinos quienes puedan de forma democrática decidir lo que pasa o no en el edificio en el que viven, de partida es positivo», dice uno de los representantes.
La sensación, a priori, es que los propietarios de viviendas ganan poder y no es descabellado pensar que en buena parte de los casos venideros gane el 'no' a que las casas se destinen al alquiler para turistas: «En algunos bloques ha habido incidentes porque quienes vienen, no todos, hacen fiestas o más ruidos que los otros vecinos. Así que habrá quien no esté de acuerdo con tener un piso turístico cerca».
Esta situación hará que haya que votar en junta de vecinos, de forma expresa, si se da luz verde o no a la implantación de una nueva vivienda turística. De ello estarán muy atentos las administraciones de fincas, profesionales sabedores de que esta situación podría generar algunas fricciones por el conflicto de intereses que puede darse.
Roberto Sánchez, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz, admite que se trata de una cuestión «peliaguda» porque hay vecinos a los que les beneficia y a otros les perjudica que haya apartamentos turísticos en su portal: «Nunca van a estar todos contentos». Indica además que la mayoría de tres quintos es «bastante alta y llegar a ella es complicado».
En cualquier caso, la valoración es positiva porque de esta forma, se puede analizar la situación «caso a caso». En el supuesto de que se admita que un piso sea destinado a este uso, se puede exigir un aumento del 20% en las cuotas de la comunidad, algo que también ven con buenos ojos: «Aumentan los ingresos de la comunidad por los posibles daños que pueda haber y los desperfectos que puedan ocasionar este tipo de apartamentos».
En el día a día de los administradores, la mencionada enmienda no supondrá un gran cambio en sus funciones, pero Sánchez expone que esta medida no les deja «en el limbo» de tener que solucionar problemas derivados de estas viviendas, para lo que no tienen atribuciones ni herramientas: «Esto es positivo porque queda en manos de los vecinos».
Cerco a las viviendas ilegales
El equilibrio con los agentes y empresarios dedicados de forma profesional a los negocios de las viviendas turísticas y la protección de sus derechos es muy frágil, por lo que desde la administración se quiere extremar el control de las viviendas abiertas de forma ilegal, puesto que estas causan un doble perjuicio, ya que merman el acceso a la vivienda de quienes viven en una ciudad y realizan una competencia desleal respecto a aquellas que operan legítimamente, además de incurrir en un fraude en clave impositiva.
Esta es una de las claves que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha transmitido a los responsables políticos regionales y locales. De hecho, se trabaja ya en el desarrollo de una base de datos única en la que deban estar registradas las viviendas que cumplan los requisitos. Tras la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Barcelona de acabar con estas viviendas a finales de esta década, desde el Gobierno quieren que los dirigentes municipales endurezcan las normativas para que esta burbuja esté cada vez más acotada.
La tensión respecto a esta pulsión no es exclusiva del Gobierno central, puesto que la Junta de Andalucía, que tiene las competencias transferidas en materia de vivienda, impulsó a finales de enero un nuevo decreto para regular esta actividad. Esta nueva norma, entre otras cosas, da mayores garantías a los ayuntamientos para limitar el número máximo de apartamentos turísticos en cada localidad.
También ha permitido al gobierno andaluz dar de baja un importante número de viviendas turísticas que funcionan al margen de la legalidad. De hecho, a principios de mes, la Junta ya había cerrado más de 600 pisos en la provincia de Cádiz.
En la esfera local, ya hay ayuntamientos como el de Sanlúcar actuando de forma activa. El consistorio sanluqueño ha encargado un estudio a una empresa que ha estimado que en la ciudad hay unas 3.000 viviendas dedicadas al alquiler vinculado al turismo que no están inscritas en el Registro Oficial de la Junta, por lo que ha instado a la Gerencia Municipal de Urbanismo a iniciar los procedimientos para modificar la normativa municipal y acabar con su uso turístico.
