Viviendas turísticas
Cádiz y la patata caliente de las viviendas turísticas
Cádiz
La medida anunciada por el alcalde Bruno García de prohibir nuevas licencias en el casco histórico vuelve a poner sobre la mesa un debate que es impostergable
La falta de vivienda y el uso turístico de parte del parque inmobiliario suponen ya una de las grandes preocupaciones que afronta la sociedad gaditana
El alcalde de Cádiz suspende la tramitación de nuevas licencias de viviendas turísticas en el casco antiguo
Bruno García: «Cada vez somos más restrictivos en cuanto a las viviendas turísticas»
Cádiz tiene un serio problema con la vivienda. Es un secreto a voces que nadie tiene la osadía de tapar porque es público y notorio. Así parece reconocerse de forma unánime, de hecho. Y si a esa problemática estructural e histórica se le añade el uso turístico de una parte del parque existente, la situación se convierte en lo que es, un dedo en el ojo para quienes gobiernan y una encrucijada para el que busca una casa en la que residir.
En esa línea, el alcalde Bruno García anunció en el pleno del estado de la ciudad del pasado lunes que se iban a prohibir nuevas licencias para viviendas destinadas al turismo en el casco antiguo hasta nueva orden, concretamente una vez que esté finalizado el estudio encargado sobre la presión turística, que presumiblemente correrá a cargo de la UCA.
La medida ha sido criticada por los otros dos partidos con representación municipal: en el caso del PSOE porque creen que debe aplicarse en toda la ciudad y en el de Adelante Izquierda Gaditana, marca heredera del anterior gobierno encabezado por José María González 'Kichi', debido a que afirman que la normativa vigente ya lo impedía al ser una zona tensionada, algo para lo que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio poderes al consistorio el año pasado antes de las elecciones del 28 de mayo.
En cualquier caso, el debate está ampliamente en la calle y se evidencia que esta cuestión ha dejado de ser el elefante en la habitación y no queda otra que poner remedio y buscar soluciones, si es que las hay.
Las circunstancias hacen que la situación de Cádiz sea una de las más particulares de España y probablemente la más agravada de toda Andalucía. No en vano, es la capital andaluza que tiene un mayor número de viviendas turísticas, 21, por cada mil habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Consejería de Turismo de la Junta que ha recogido la plataforma Cádiz Resiste, contraria a la turistificación de la ciudad y que organizó la pasada semana una manifestación que recorrió las calles del centro.
La ciudad no se ha dado de bruces contra una realidad que tampoco comenzó con el regreso del PP a la alcaldía hace apenas un año. El boom del turismo llegó para quedarse hace décadas, cuando Cádiz ya llevaba lustros perdiendo por miles a sus habitantes, pasando de estar cerca de los 160.000 a inicios de los años 80 a superar con apuros los 110.000 en la actualidad.
Al ser un istmo que conecta únicamente por tierra con San Fernando, el espacio es limitadísimo, sin opciones de crecimiento. De modo que el paradigma gaditano no se puede comparar o asemejar con el de la mayoría de ciudades que están enfrentando esta realidad en la Península. Otras urbes están creciendo hacia el extrarradio como fruto de la gentrificación que sufren sus centros históricos, pero agrandándose a niveles generales, lo que puede generar incluso oportunidades en barrios que antes estaban en las afueras y de buenas a primeras se llenan de una actividad que no tenían, tal y como expuso el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la clausura del reciente VII Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turísticas celebrado en Jerez.
El caso de Cádiz es bastante más agrio, pues la alternativa es directamente residir en otra localidad, siendo los destinos prioritarios ciudades de la Bahía como San Fernando, El Puerto, Puerto Real o Chiclana, o en Jerez, la más poblada de toda la provincia y a una media hora por carretera y 45 minutos en Cercanías.
De modo que, mientras que la población de la provincia de Cádiz suele crecer año a año, en buena medida por la inmigración y por otra parte por aquellos extranjeros que gracias al turismo deciden venirse a vivir al sur de Europa, en el caso de la capital el descenso es paulatino y ya se asoma al abismo de la posible bajada de los 100.000 habitantes, circunstancia que podría suponer un duro revés al perder determinada financiación estatal y subvenciones públicas que pondrían en tensión las arcas municipales, mermándose la calidad de los servicios ofrecidos.
La estrategia municipal
Con el paso dado esta semana, el gobierno municipal busca no agrandar el problema, pero el alcalde Bruno García afirma que la prohibición de las nuevas licencias en el centro es sólo un paso más en la estrategia que piensan llevar a cabo en los próximos meses.
El regidor expresa que a la oposición le gustaría decir que está encantado con la situación y muy a favor de las viviendas, pero expone que él fue muy claro desde la pasada campaña electoral, donde dijo que regularía donde hubiese saturación. Para ese control, por cierto, se aplica una normativa del gobierno anterior que no le duele reconocer que «es positiva y la hemos asumido».
Precisa, eso sí, que no lo encontrarán en el lado de la turismofobia, pues el turismo «sostenible» es un activo importante a nivel de empleo y de economía para la ciudad, pero pone por delante la solución habitacional para los gaditanos con la intención de que no tengan que irse de Cádiz.
Por otro lado, tanto la administración central como la regional poseen competencias en estas lides y y la coctelera parece agitarse más que en ningún otro momento. Al Ministerio de Vivienda se le achaca no ser capaz de atajar un problema cada vez más acuciante, impulsando un índice de precios para zonas tensionadas al que sólo se ha adherido Cataluña y cuyos baremos de momento no son más que una mera referencia. Por su parte, la Junta está teniendo problemas a la hora de agilizar el cobro del Bono de Alquiler Joven llamado a facilitar el acceso al arrendamiento de quienes necesitan un empujón en el inicio de sus carreras profesionales, aunque ha revocado la licencia de 617 viviendas turísticas en la provincia tras la aprobación de un decreto que va en la línea de intentar controlar que sólo funcionen aquellos que están regulados.
Mayor vivienda, menor problema
Para facilitar el acceso a la vivienda, García entiende que hay que dificultar que haya más pisos turísticos, para lo que va a implementar el sistema de inspecciones, puesto que tal y como denuncia el Ministerio de Vivienda, uno de los grandes caballos de batalla son aquellos inmuebles que escapan a la regulación, generando competencia desleal, restando opciones de residencia y dejando de ingresar impuestos.
A eso, el alcalde quiere unir la pata de generar mayor número de viviendas en la ciudad, algo que indica que ya está haciendo: «El equipo de gobierno anterior hizo 68 viviendas en ocho años. Nosotros estamos construyendo 67 en el casco histórico y ampliamos a 106 y todas en terrenos adquiridos por el PP». «El gobierno saliente no ha dejado suelo para construir y nosotros vamos a seguir expropiando para tener suelo y hacer vivienda», añade el alcalde.
La tormenta perfecta del alquiler anual
El pasado martes, el director general de Turismo de la Junta, Francisco Montes, acudió a Cádiz para entregar las banderas azules que han recibido este año en su conjunto diferentes localidades gaditanas, 36 entre playas y puertos. En su intervención pública, expresaba tener la sensación de que se estaban proyectando muchas sombras sobre un sector estratégico para la comunidad autónoma y del que viven 400.000 familias andaluzas.
Precisamente Cádiz lidera algunos de los datos más destacados como el gasto medio por persona y día y también la estancia media. La cultura, su vasta historia, las numerosas playas o la gastronomía tienen un gran tirón para atraer las miradas de quienes se deciden a invertir, lo que conlleva un aumento continuado del precio de las viviendas, especialmente en la capital por su fisonomía.
Para quienes no pueden optar a adquirir una vivienda en propiedad, no queda otra que acudir al mercado de alquiler, menguante debido a la proliferación de las viviendas turísticas y de forma muy acentuada en las localidades costeras, ya que la mayoría de propietarios buscan optimizar los márgenes, alquilando únicamente por temporadas que van de septiembre a junio para poder rentar sus casas por semanas o quincenas durante el verano a un precio mucho más elevado.
A Cádiz se le une además su condición de ciudad universitaria, algo que genera innumerables aspectos positivos a lo largo de todo el año, llena de vida las calles y ofrece oportunidades de futuro a los gaditanos y a quienes acuden a cursar sus grados y estudios de máster a una Universidad de Cádiz que cada vez goza de mejor nombre. Sin embargo, en cuanto a la vivienda, esa demanda que genera entre los jóvenes de fuera de Cádiz refuerza la tendencia de que los pisos no se destinen a un alquiler residencial de forma permanente. Generalmente, se consiguen más ingresos alquilando un piso de tres habitaciones por separado a diferentes estudiantes que rentando la propiedad entera. Y además, al finalizar los exámenes del segundo cuatrimestre entre mayo y junio, queda libre para el alquiler vacacional de sol y playa.
Buscando el 'Turismo bien'
La búsqueda de la sostenibilidad es esencial en un sector turístico que ya ha traído a España en los cinco primeros meses del año a más de 33 millones de visitantes, una cifra de récord. Los actores implicados son conscientes de que la viabilidad de cara al futuro pasa por la convivencia y por ello la asociación especializada Axitur, la Alianza para la Excelencia Turística, ha presentado un documento denominado 'Turismo bien'.
«El turismo que todos queremos es una declaración de intenciones y compromisos para impulsar avances en torno a una hoja de ruta con los mayores consensos de todos los actores públicos y privados del sector, que también escucha las demandas ciudadanas que surgen en los destinos», reza en un decálogo que tiene como objetivo «recuperar los vínculos más estrechos que antaño eran habituales entre el sector turístico y la ciudadanía».