La Fiscalía incide en la necesidad de castigar penalmente a los 'petaqueros'

Este miércoles ha llegado hasta el Parlamento de Andalucía una reivindicación que comienza a entrar ya en ese paquete de solicitudes que permanecen y a los que se les busca encontrar pronta solución. Este miércoles y de la mano de la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, se ha vuelto a trasladar a las autoridades y órganos involucrados la necesidad de endurecer las penas para todos aquellos que trabajan para el narco. Es decir, no sólo los que forman parte de los alijos y el transporte de la droga, sino también esos grupos que les sirven de logística clave como son los que les surten de gasolina para sus narcolanchas, los conocidos como petaqueros.

Así lo ha manifestado Tárrago: «Los fiscales lo que pedimos que se eleven las penas en los delitos logísticos, en todo lo que tiene que ver con la logística del narcotráfico, como puede ser el transporte y el depósito de la gasolina para el abastecimiento de las narcolanchas o la defraudación de fluido eléctrico cuando está relacionada con el tráfico de drogas»- refiriéndose esto último al cultivo de marihuana.

De esta forma, la fiscal superior de Andalucía ha vuelto a exponer esta necesidad que en los últimos tiempos ha sido trasladada de manera clara desde las fiscalías antidrogas de la provincia (Cádiz, Jerez y Campo de Gibraltar). En estas áreas que controlan toda la desembocadura del río Guadalquivir, la zona de la Janda, el Estrecho o los caños de Sancti Petri, entre otros puntos, se ha venido comprobando como esta práctica del 'petaqueo' ha ido en aumento desde que el Gobierno prohibió el uso de las lanchas rápidas que normalmente se utilizan para traficar.

Ana Tárrago ha insistido en la presentación de la Memoria 2023 de la Fiscalía en el Parlamento que el Ministerio Público andaluz «se esfuerza» en trabajar contra estas organizaciones criminales. De esta forma ha hecho hincapié en el laborioso trabajo que se intenta hacer en las causas relacionadas con el blanqueo de capitales, al considerar que ahí es «realmente donde se puede hacer mayor daño« al narcotraficante, al poner el foco en «el patrimonio que se ha obtenido ilícitamente».

Por otro lado, durante su intervención la fiscal superior ha advertido que «cada vez se van asentando» en Andalucía nuevas organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico y con la trata de personas migrantes. Además ha alertado de que tienen «una mayor violencia para dominar el territorio y mayor violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», refiriéndose al «horror» del asesinato de dos guardias civiles en Barbate.

En cuanto al decomiso y el uso público de narcolanchas intervenidas, la fiscal ha afirmado que el problema es poder habilitarles espacios debido al alto número de 'gomas' que se aprehenden. Además, según ha explicado, es «muy difícil» que se puedan reutilizar para otros usos ya que hay que adaptarlas debido a que como las construyen, sus elementos y características, son «completamente ilegales».

Con respecto a los medios con los que cuenta la Fiscalía en Andalucía, Tárrago ha reconocido que no son suficientes y que ha acudido a la comisión parlamentaria para «pedir más herramientas para hacer mejor nuestro trabajo». La fiscal ha hecho referencia a un nuevo plan de infraestructuras de la Junta que mejoraría la situación.

En este sentido algunos juzgados de la provincia de Cádiz son los más afectados debido al gran número de procedimientos que siguen acumulando y que se suma a un retraso ya 'histórico'.

Especialmente los mixtos y los del Campo de Gibraltar, Barbate y Chiclana de la Frontera, están «desbordados por volumen de trabajo, macrocausas vinculadas con el narcotráfico y notorias deficiencias de medios personales», lo que junto a lo «anacrónico» del sistema procesal, «origina grandes dilaciones que dan lugar a la paralización de las causas, llegando en ocasiones a la prescripción, o por vía de las atenuantes, con frecuencia muy cualificadas, a importantes rebajas de las penas».

Cabe recordar que ya hace más de un año, el propio ministro Marlaska y su secretario de Estado para la Seguridad, anunciaron que se estaban evaluando cambios normativos para endurecer y poder tipificar como logística para el narcotráfico la actividad del 'petaqueo'. Pero, de momento, nada se ha sabido al respecto.