La Guardia Civil desmantela una trama dedicada al fraude en cursos de formación y detiene a 25 personas

Diplomas sin curso, dinero a cambio de nada. De esta escueta manera se podría resumir el fraude que ha sacado a la luz la Guardia Civil tras casi un año de investigación. El Instituto Armado ha desmantelado una trama que defraudaba a través de cursos inexistentes de formación dirigidos a trabajadores. La actuación policial ha supuesto la detención de 25 personas, a las que se les relaciona con esta actividad delictiva, que no es nueva en la provincia donde en el año 2001 se inició una investigación similar.

Como una bomba de relojería caía ayer una escueta convocatoria de prensa, emitida por la Subdelegación del Gobierno, en la que se citaba a los medios a una rueda de prensa que se celebra hoy y en la que se va a detallar la desarticulación de una trama defraudadora de fondos europeos de formación. Poco a poco se fue conociendo la envergadura de los hechos y como la Guardia Civil acababa de cerrar una operación que arrancó gracias a una denuncia.

Pese a que las pesquisas comenzaron en Cádiz, las pistas seguidas por el equipo de Policía Judicial de la comandancia gaditana han propiciado que la investigación se extienda a cuatro provincias más. Este periódico pudo confirmar ayer que de los 25 detenidos, nueve fueron arrestados en Cádiz. El resto de detenciones se han producido en provincias como Murcia, Madrid y Sevilla.

Al parecer, la red estaba asentada sobre dos empresas de formación, que en estos momentos están siendo investigadas. Una de estas firmas es CES S. L. que da nombre a una serie de academias, que tiene entre sus sedes un local ubicado en el Polígono Industrial Pelagatos, en Chiclana. Las actuaciones que se han realizado en otras provincias se han producido en otros centros de las mismas firmas.

Las investigaciones apuntan a que estas empresas, en connivencia con sindicalistas y empresarios, acordaban la realización de una serie de cursos para trabajadores que nunca se llegaron a impartir. De esta manera se embolsaban los fondos europeos de formación que previamente habían sido solicitados para cubrir esta actividad y el gasto que genera. Será hoy, con las explicaciones oficiales, cuando se sepa qué nivel de implicación tenían los detenidos y a dónde iba a parar el dinero que se defraudaba.

El hermetismo impuesto a las fuentes oficiales, a la espera de la rueda de prensa de hoy, impidió conocer quienes son las personas que ya fueron puestas a disposición judicial y en qué situación legal se encuentran, pero sí se supo que entre los arrestados hay sindicalistas conocidos de Cádiz y Sevilla. Este periódico se puso en contacto con CC OO y UGT y en ambos sindicatos aseguraban desconocer por completo la operación policial, incluso los responsables de formación no sabían que existía un entramado montado para desviar los fondos europeos.

Nombres utilizados

El mecanismo de engaño no era complicado. Los alumnos de un determinado curso recibían varios diplomas por actividades que no habían realizado. Fuentes consultadas por este periódico confirmaron que estas personas jamás supieron que su nombre era utilizado para acreditar unos cursos que nunca habían sido impartidos; y que fueron meras piezas que los estafadores utilizaban para su provecho. Los certificados eran elaborados y enviados a los supuestos cursillistas como acreditación, que posteriormente utilizaba la red para justificar la supuesta formación.

En estos momentos, la Policía Judicial está trabajando sobre la abundante documentación que se ha incautado durante la operación para poder determinar cuánto tiempo llevaba funcionando la red y cuánto dinero han podido defraudar. Las primeras pesquisas indican que esta trama pudo defraudar hasta ocho millones de euros tras varios años de actividad ilícita. Aunque la cantidad, más o menos aproximada, y la génesis de la red se podrá saber después de que la Policía Judicial revise toda la documentación, desde los últimos documentados fechados hasta los más antiguos.

Además del delito de estafa, los implicados podrían enfrentarse también a penas por falsedad documental.