Una herramienta laboral con 1,5 millones de beneficiarios anuales

La formación profesional ocupacional (FPO) y la continua (empleados) son los dos pilares de una política de desarrollo profesional que se ha convertido en una herramienta clave para los trabajadores, que pueden mejorar su cualificación en condiciones ventajosas, y las empresas, que disponen de un apoyo público para atender sus necesidades de actividad.

El órgano estatal responsable de regular y controlar el buen funcionamiento de este sistema es la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, activa desde el 2003 y heredera del antiguo Forcem, que en sus últimos tres años gestionó cursos para más de 1,5 millones de personas en todo el país con una media de 36 horas de instrucción por cada beneficiario.

Esta entidad aglutina a los tres protagonistas de esta negociación, Administración, empresas y sindicatos, y su patronato directivo está formado por el Ministerio de Trabajo, Comisiones Obreras, UGT, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa y la Confederación Intersindical Gallega.

Esta institución es la encargada de aprobar y desestimar todos los programas de formación que reciben de organismos públicos y de organizaciones empresariales y sindicales. Estas entidades son las responsables últimas de la buena utilización de estas ayudas, tanto si asumen el desarrollo de los cursos como si lo contratan con empresas privadas especializadas, como es el caso de esta trama presuntamente fraudulenta detectada en Cádiz.

Para aceptar los programas formativos, la Fundación Tripartita realiza una valoración técnica que atiende a multitud de factores, desde la corrección de los proyectos propuestos a las necesidades del sector, establecidas y actualizadas anualmente por las comisiones paritarias de cada ámbito.

La hostelería, actividad a la que pertenecen las empresas investigadas de Chiclana, es, precisamente, uno de los sectores más beneficiados por las subvenciones a la formación. Esta preferencia en las ayudas a los cursos para trabajadores y desempleados ha sido especialmente alta en la provincia de Cádiz de acuerdo con su peso en la economía local, como también ocurre con la industria del metal.

Y, finalmente, la supervisión y el control de estos seminarios, de su correcta realización y de su adecuación a la titulación ofrecida, es responsabilidad de la Administración, que ejerce una labor de inspección presencial en los centros formativos, consulta a los alumnos y comprobación de la documentación.