El Gobierno descarta que el TC se pronuncie sobre el 'Estatut' antes de su aprobación

El Gobierno rechaza que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre la reforma del Estatuto de Cataluña antes de su aprobación definitiva. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, dejó ayer claro que no reintroducirá en el ordenamiento jurídico el recurso previo de inconstitucionalidad, derogado en 1985 para evitar interferencias en la potestad legislativa del Parlamento.

La Comisión de Estudio del Consejo de Estado, encargada de redactar el informe sobre las reformas constitucionales previstas por el Ejecutivo, cree que su reestablecimiento sería positivo. Pero el gabinete de Zapatero ya ha avanzado que, al menos en este punto, desoirá la recomendación del órgano consultivo.

López Aguilar recordó que la «apuesta» de José Luis Rodríguez Zapatero para la reforma de la Constitución se reduce a la introducción de los nombres de las comunidades autónomas, la supresión de la primacía del varón en la sucesión a la Corona, la adecuación al tratado constitucional europeo y la conversión del Senado en auténtica cámara de representación territorial. Cualquier otra propuesta es a su juicio «legítima», pero sólo eso. El Gobierno, insistió, ha sido preciso y «ha señalado cuatro puntos muy concretos» sobre los que incidirán los cambios.

El ministro hizo estas aseveraciones tras la conferencia pronunciada ayer por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, en el Foro Europa. Carnicer -ponente del informe del Consejo de Estado, que aún debe ser aprobado en pleno el próximo 16- no sólo defendió la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad, que no exige reforma de la Constitución, sino que defendió la necesidad de abordar otras muchas modificaciones en la Carta Magna.

Criterio personal

El máximo representante de los abogados españoles aclaró que sus palabras obedecen a un criterio personal. Sin embargo, según publica El Mundo, el informe del órgano consultivo recoge su apuesta por esa modalidad de recurso al Constitucional, que permitiría a los magistrados pronunciarse sobre la adecuación de un proyecto estatutario a la ley fundamental, aun cuando no haya concluido su tramitación parlamentaria.

El texto recomienda también incluir en la Constitución la exigencia de que para la aprobación final de los estatutos se exija en el Congreso una mayoría semejante a la obligatoria en la mayor parte de los parlamentos autonómicos: dos tercios en lugar de la actual mayoría absoluta.

Esta es una vieja propuesta del presidente del Consejo de Estado, Franciso Rubio Llorente. El ex vicepresidente del Constitucional ha expuesto que sería conveniente elevar esa mayoría incluso hasta los tres quintos del Congreso y el Senado, es decir, que habría que imponer a las reformas de los estatutos las mismas condiciones que a las reformas de la Constitución. A su juicio el Estado de las autonomías ha llegado al «final de una época» y la fórmula podría ser válida para hacer frente a cualquier intento de «transgredir» los límites constitucionales.

El ministro de Justicia recordó, en cualquier caso, que el Consejo de Estado «aún está trabajando»; lo que implica que el informe elaborado por la comisión de estudio puede variar en el pleno. Después, apuntó, todo estará en manos del Parlamento. En este mismo argumento abundó también el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, quien hizo hincapié en el carácter consultivo del órgano. «Sus argumentos siempre se tendrán en consideración» pero como se tienen en cuenta otros.