Las multas por sobreventa de una VPO pueden superar los 120.000 euros

Una dosis de bálsamo en medio del incendio. Eso es lo que representa la decisión de la Junta de Andalucía de dar una «atención especial» a todo aquel que se haya quedado enganchado entre la vieja y la nueva legislación en materia de vivienda protegida. La Ley, además, contempla elevadas multas para todos los que a partir de ahora se beneficien en la compraventa de una vivienda protegida.

Fuentes de la Consejería de Obras Públicas han asegurado a LA VOZ que se tratará de dar una solución a todos los expedientes de personas que puedan demostrar que habían iniciado la venta de una vivienda protegida (VPO) antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, el pasado 12 de diciembre. Sin embargo, parece claro ya que el Gobierno regional se muestra inflexible con el resto de los casos. No habrá ni prórrogas, ni demoras, ni periodo de adaptación, porque reiteran que sigue siendo una ilegalidad vender una VPO por un precio más elevado que el oficial.

Pero la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo tiene aún otras aristas que no han salido a la luz, como la tipificación de infracciones y sus correspondientes sanciones que se completarán y ampliarán en la futura Ley de Calidad de la Vivienda en Andalucía. Una norma que aún está en fase de elaboración.

Por el momento, la aprobada en diciembre ya dictamina lo que serán infracciones, sanciones graves y muy graves. Entre estas últimas, se encuentran percibir cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la que corresponda y también el no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda o mantenerla deshabitada por un plazo superior a tres meses. Las infracciones graves se castigarán con multas que van desde los 3.000 hasta los 30.000 euros, mientras que las muy graves se pagarán entre los 30.000 y los 120.000 euros. Incluso, si el beneficio de una operación fraudulenta de venta fuera superior a esta cantidad, la multa se incrementará hasta alcanzar el doble de las ganancias obtenidas. Es decir, si un propietario vende su vivienda por encima del precio tasado y obtiene de rendimiento de, por ejemplo, 100.000 euros podría llegar a pagar 200.000.

Existen asimismo otras sanciones accesorias que se podrán imponer en las infracciones graves y muy graves, como son la pérdida y devolución -con los intereses legales- de las ayudas económicas percibidas y hasta la inhabilitación del infractor para promover o participar en promociones de VPO durante el plazo máximo de seis años.

La normativa contempla la creación de juntas arbitrales para resolver conflictos que puedan presentarse en los contratos de arrendamiento y en los de cualquier otro tipo. Una medida que pretende evitar el atasco en los juzgados.

Precisamente aún no se sabe cuántos afectados se animarán a emplear la vía judicial y en qué tipo de casos. Para David Cifredo, de la Federación de Consumidores y Usuarios (Facua), el problema de la vivienda es una «bola que se ha dejado crecer». Cifredo se muestra indignado cuando escucha decir a los representantes de los sectores inmobiliarios que se está atentando contra los ciudadanos, «porque son ellos, los bancos, los constructores y promotores y los de las inmobiliarias, los que han estado pirateando y beneficiándose de la burbuja inmobiliaria».

El notario Antonio Torres, de El Puerto, va más allá y asegura que estas personas que han adquirido una VPO al precio de vivienda libre son «más que cómplices, víctimas» . «No lo han hecho por gusto, sino porque posiblemente no han encontrado algo más barato». Torres corrobora que se ha producido un parón en la compraventa de VPO. Esto se debe, a su parecer, a la efectividad de la Ley, cuya finalidad es para él «buena, porque se estaba produciendo cierta corruptela».

El estancamiento también ha llegado al sistema bancario. Un responsable de una entidad nacional con sede en Jerez -que prefirió reservar su identidad- señaló que «en diciembre, en esta oficina teníamos un millón de euros en hipotecas que no se ha podido ejecutar». Los primeros días de enero, añadió, el parón también se ha dejado sentir y vaticina al mismo tiempo que esta medida jurídica provocará un alza en el precio de la vivienda.