La nueva ley contra la especulación bloquea el mercado y devalúa las viviendas protegidas

No es el Crack del 29, porque tal vez no acarree suicidios en masa, pero se le parece. En estos días cientos de familias afectadas por la nueva Ley de Vivienda Protegida y Suelo de Andalucía meditan sobre cómo afrontar situaciones económicas que rayan en la ruina.

El asunto más espinoso de esta Ley, que tiene paralizada la compraventa en la provincia de Cádiz (una de las que más viviendas protegidas tiene de toda la región), es el derecho de adquisición preferente, tanteo y retracto que se ha reservado la Junta de Andalucía. En otras palabras: la nueva normativa ha finiquitado la venta libre de vivienda protegida, excepto la que se construyó antes de 1978.

En primer lugar, estas viviendas no se podrán vender antes de diez años. Y segundo, la Junta tendrá la primera opción de compra de la vivienda y tasará así el precio final.

La Ley, además, tiene carácter retroactivo, con lo que una persona que haya comprado una vivienda protegida antes de que entrara en vigor la normativa (publicada en el BOE el 16 de diciembre de 2005) sólo podrá venderla al precio oficial. En la actualidad, la práctica totalidad de estas viviendas no se venden por la cantidad que figura en las escrituras, sino por otra acordada entre vendedor y comprador que lógicamente está sujeta a las leyes del mercado. En ocasiones, uno de estos pisos puede llegar a costar el doble de lo que figura en las escrituras y el resto se paga en dinero negro.

De esta manera, los particulares más afectados por esta medida jurídica son los que ya han comprado una segunda vivienda y aún no han vendido su vivienda de protección oficial. También las personas que compraron para invertir y ahora se encuentran con que el inmueble vale la mitad de lo que pagaron.

En cualquier caso, prácticamente todos los sectores profesionales consultados por LA VOZ, coinciden en que el fondo de la Ley es bueno -tratar de frenar la especulación feroz que se da en la provincia desde hace décadas- pero no las formas. De hecho, notarios, empresarios de inmobiliarias y particulares se quejan de que no hubo negociaciones previas y de que se hizo en unas fechas, las fiestas navideñas, en las que pasó desapercibido.

Al margen de la incertidumbre y la inseguridad, los empresarios tienen claro que la Ley «ha roto el mercado», como subraya Antonio Romero-Haupold. «Hoy en día, ni se compra ni se vende nada», subraya. Para Romero-Haupold, está claro que hay que luchar contra la especulación, «pero este tipo de iniciativas lo que hace es beneficiar a los intermediarios y encarece el producto». En su opinión, a corto plazo la vivienda libre subirá «porque los que iban a comprar protegida se irán al otro mercado». Una opinión parecida tienen Jesús Benítez o Alejandro González Otero, de las inmobiliarias Casa Diez y Carmen Pinto, respectivamente. Ambos subrayan que Jerez es una de las localidades más afectadas porque tiene más de la mitad de las viviendas de protegidas. «Como no se encuentre una solución, tendremos que ir echando trabajadores», afirma Benítez, mientras González Otero lamenta que la Ley sea algo farragosa y que no se haya avisado a los posibles afectados con un tiempo prudencial. «Ni los bancos ni los notarios se atreven a hacer nada, pero los principales afectados son los consumidores», dictamina.