Agentes de la Policía Nacional han iniciado hoy antes de las 15 horas el traslado a Madrid de los dos empresarios navarros detenidos ayer en Pamplona acusados de pagar el 'impuesto revolucionario' a la banda terrorista ETA, según informaron a Europa Press en fuentes policiales.

Los dos arrestados pasarán en Madrid a disposición del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, quien había ordenado su detención a raíz de la investigación que él mismo emprendió contra la red de extorsión de la banda terrorista ETA. Los empresarios se encontraban desde ayer por la tarde en dependencias de la Jefatura Superior de Policía en Pamplona, hasta que a primera hora de la tarde de hoy abandonaron la capital navarra rumbo a la Audiencia Nacional.

Los dos detenidos, socios de la empresa de construcción Azpíroz y Saralegui, habrían pagado en el mes de junio 64.000 euros a la banda terrorista, una cantidad que se corresponde con una deuda del año 2001. Nada más ser detenidos ayer, los empresarios prestaron declaración ante los policías judiciales que se trasladaron desde Madrid para trabajar a las órdenes de Grande-Marlaska. A los dos arrestados se les imputa un delito de colaboración con organización terrorista.

La detención de estos empresarios fue posible gracias a la documentación incautada a los detenidos en la operación policial que se llevó a cabo simultáneamente en España y Francia durante la madrugada del pasado martes, que se saldó con la detención de doce personas.

Concretamente, en el domicilio de Bayona de uno de los detenidos, José Luis Cau, la policía francesa halló un recibo del cobro del 'impuesto revolucionario' a dos empresarios por valor de 64.000 euros. Aunque el recibo estaba fechado este mes de junio, corresponde a una deuda de 2001.

Apoyo de la patronal navarra

Por su parte, el presidente de la patronal navarra, José Manuel Ayesa, ha calificado de "grave" el pago a ETA del denominado impuesto revolucionario, aunque ha mostrado su "solidaridad" con los dos empresarios detenidos ayer en la Comunidad Foral por orden del juez Grande Marlaska.

Ayesa ha indicado que la recomendación de la Confederación de Empresarios de Navarra "siempre es la de no pagar", pero "hay que ser respetuoso con las circunstancias personales de los extorsionados". "Por eso yo en principio me tengo que mostrar solidario con ellos, porque ignoro las circunstancias y el tipo de presión que estaban recibiendo". Además, ha comentado que no se puede "demonizar de entrada" a los empresarios que pagan "porque viven con una presión y una angustia importante", algo que a su juicio "merece una reflexión".

Ayesa también quiso destacar que, en todo, tiene "la absoluta seguridad de que los que pagan son muy poquitos en Navarra, porque en el País Vasco son otras circunstancias".