El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha ordenado el ingreso en prisión provisional incomunicada de Jean Pierre Harocarena Camio, detenido el pasado martes en Irún (Guipúzcoa) en una operación contra el aparato de extorsión de ETA. Según fuentes jurídicas, el magistrado podría levantar mañana la situación de incomunicación de Harocarena, una vez que tome declaración a los otros cuatro arrestados en España en el curso de la misma operación.

Se trata de Ramón Sagarzazu e Ignacio Aristizabal, detenidos en la localidad guipuzcoana de Oiartzun, y Joseba Imanol Elosua y José Carmelo Luquín, apresados en Santa Pola (Alicante), prestarán declaración mañana viernes. Otras siete personas, entre ellas el fundador de ETA Julen Madariaga, fueron detenidas en Francia en el curso de esta misma operación. Las fuentes consultadas ha informado de que la Fiscalía pidió hoy la prisión de Harocarena, y señalaron que ésta será previsiblemente la misma postura que adopte tras las comparecencias de mañana.

La investigación, desarrollada por un equipo conjunto hispano-francés liderado por los jueces Grande-Marlaska y Laurence Le Vert, ha permitido desmantelar una red que coordinaba y canalizaba desde Francia las peticiones exigiendo el pago del "impuesto revolucionario" a los empresarios españoles, según el Ministerio del Interior. En España, la red invertía presuntamente los beneficios obtenidos y también hacía desaparecer ese capital de los circuitos financieros regulares y fiscalizables, trasladándolo a paraísos fiscales.

Investigación sobre la presunta filtración policial a ETA

Por otra parte, fuentes de la Fiscalía de la Audiencia han confirmado que Grande-Marlaska ha abierto una investigación para comprobar si existió una filtración en torno a la operación policial y, en caso afirmativo, determinar quién fue el responsable de la misma. Otras fuentes jurídicas consultadas en el tribunal no descartaron que, en el curso de esa investigación el magistrado tome declaración a los agentes al tanto del operativo.

En un comunicado, la Confederación Española de Policía (CEP) dijo no creer que ningún funcionario del Cuerpo Nacional de Policía facilite "conscientemente" ninguna información de utilidad a ETA o a su entorno, pero apoyó la apertura de la investigación y pidió que, de hallarse responsabilidad penal en la actuación de algún agente, "se aplique en su máximo rigor la normativa vigente".

Tanto el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) han incidido en la necesidad de que el Ministerio del Interior esclarezca estos hechos.

Reapertura del caso del asesinato del magistrado Francisco Querol

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha acordado reabrir el sumario sobre el asesinato en octubre de 2000 del magistrado del Tribunal Supremo y general consejero togado de la Armada, Francisco Querol Lombardero; del conductor de su coche, Armando Medina; de su escolta, Jesús Escudero García, y de un conductor de un autobús municipal, Jesús Sánchez Martínez, después de que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) solicitase que se volviese a investigar el caso, según han informado fuentes jurídicas.

La integrante del comando Madrid y ex concejal de HB Ana Belén Egüés, quien tras ser detenida implicó en el atentado contra el magistrado al ex jefe de comandos de ETA Gorka Palacios Aldai y al ex responsable de 'logística operativa' de la banda Juan Luis Rubenach Roig, compareció hoy ante el juez Central de Instrucción número 5 para testificar sobre este caso, negándose a declarar. Además, Grande-Marlaska ha dirigido una comisión rogatoria a las autoridades francesas para interrogar a Palacios y Rubenach Roig, detenidos en diciembre de 2003 en Pau (Francia).

Cuando Egüés fue detenida en noviembre de 2001, tras ser perseguida por un "héroe anónimo" después de colocar un coche-bomba en Madrid, la etarra reconoció fotográficamente a Palacios y Rubenach Roig, a los que implicó en la muerte del magistrado. Sin embargo, Egüés desmintió posteriormente estas confesiones en su declaración judicial y la causa acabó siendo archivada. Una vez detenidos Palacios y Rubenach Roig, la AVT solicitó que se reabriese la causa sobre el atentado cometido el 30 de octubre de 2000, en el que además de los cuatro fallecidos, se produjeron 63 heridos como consecuencia de la explosión del coche-bomba.

El comando Madrid, además del coche-bomba contra Francisco Querol, cometió diversos atentados desde el fin de la tregua declarada por ETA que acabó en noviembre de 1999, hasta que el comando fue parcialmente desarticulado con la detención de Egüés y del también integrante del comando Aitor García Aliaga tras el intento de asesinato del entonces subsecretario de Política Científica, Juan Junquera. Entre estos crímenes se cuenta también el asesinato del teniente coronel del Ejército Pedro Antonio Blanco en enero de 2000, la colocación del artefacto que acabó con la vida del general del Ejército Justo Oreja Pedraza en junio de 2001, o el atentado en el que murió el agente de Policía Luis Ortiz de la Rosa en julio de 2001.