El fiscal general del Tribunal Penal Supremo que juzga a Sadam Husein pidió ayer su condena a muerte, así como la de tres de sus principales colaboradores, tras un juicio que ha durado ocho meses y que podría finalizar con una sentencia el 10 de julio.

El acusador Yafar Musaui solicitó la ejecución de Sadam, de su hermanastro Barzan Hassan al- Tikriti, el ex vicepresidente Taha Yasín Ramadán y el ex jefe del Tribunal Revolucionario Auad Bandar, considerados todos responsables de la muerte en 1982 de 148 chiíes en la aldea de Duyail.

El presidente del tribunal pospuso la sesión hasta el 10 de julio, día en que están previstos los alegatos de la defensa y que podría ser el último de un proceso que ha durado ocho meses.

Los 148 chiíes ejecutados fueron procesados por un tribunal revolucionario por su presunta participación en un intento fallido de asesinato contra el ex dictador cuando éste pasaba con un convoy por el lugar en junio de 1982.

Musaui consideró que los cuatro acusados eran responsables de «propagar la corrupción en el mundo, y ni siquiera los árboles pudieron salvarse de ellos», señaló en referencia a la política de tierra quemada emprendida por el régimen de Sadam contra Duyail incluso después de la muerte de los 148 chiíes. Sin embargo, Musaui solicitó conmutar la pena máxima por otras de prisión para tres de los acusados con el argumento de que estaban ejecutando órdenes de sus superiores: Ali Daih, Abdallah Ruie y su hijo Mizher Ruie.

En su larga intervención, el fiscal arrojó incluso dudas sobre la veracidad del intento de asesinato de Duyail, y afirmó que fue un «montaje» destinado a justificar el posterior proceso y ejecución de sus 148 habitantes. «El jefe de los servicios secretos en Duyail había cambiado seis meses antes de la matanza», dijo el fiscal, «lo que indica que estaba planeada con antelación». Según él, el intento de asesinato de Sadam no es cierto, «sino un montaje del régimen para justificar la masacre».

Mientras el fiscal hablaba, Sadam y su hermanastro Barzán tomaban notas en un cuaderno, y se abstuvieron de intervenir, obedeciendo al juez que les había ordenado silencio mientras estuviera hablando la acusación.