El imparable incremento poblacional de Jerez en su casco urbano contrasta con la lenta despoblación de las barriadas rurales. Sus vecinos advierten del éxodo de sus poblaciones, y no sólo por la búsqueda de nuevas oportunidades más allá de la actividad agraria entre los más jóvenes, sino por la falta de viviendas.

Desde la federación Unión Rural, su presidenta, Dolores Barragán, insiste en que la construcción de nuevas viviendas «en prácticamente todas» las 16 barriadas rurales del término municipal jerezano es una «necesidad fundamental».

Explica Barragán que el crecimiento de los núcleos rurales «está estancado» y temen que este panorama continúe así por tiempo indefinido, ya que la solución a la prácticamente nula edificación y a la progresiva emigración de sus habitantes se presenta bastante lenta y díficil.

El problema en las barriadas rurales es, simplemente, la inexistencia de terrenos construibles. Estas poblaciones están limitadas casi en su totalidad por la existencia de vías pecuarias, cañadas y descansaderos. La responsable de Unión Rural indica que éste es el argumento que esgrime la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que «no hay suelo disponible» para la construcción de viviendas en zonas que, además, el planeamiento no contempla como urbanas.

Aunque, en general, todas las barriadas se encuentran en una situación similar, desde Unión Rural se considera que Cuartillos, Las Tablas, Polila y Añina y Mesas de Asta, junto a La Ina, pueden ser las zonas más afectadas por la paralización de su crecimiento urbano y poblacional.

En estos casos, la organización calcula que «desde hace nueve o diez años no se construyen viviendas». Dolores Barragán asegura que «muchos jóvenes de las barriadas se quieren quedar, pero se tienen que marchar -la mayoría a Jerez- porque no tienen dónde vivir».

Para la obtención de suelos donde puedan extenderse las barriadas rurales la única solución es la desafectación de vías pecuarias, cañadas y descansaderos. Con este objetivo suscribieron recientemente el Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente para iniciar este proceso, que se prevé lento y complicado, analizando el futuro de las construcciones ya existentes sobre suelo protegido y de dominio público.

Desde Unión Rural inevitablemente se reclama la desafectación y normalización de las construcciones irregulares sobre cañadas lo antes posible, para ganar terreno y avanzar en el desarrollo de estas poblaciones.

No obstante, no hay demasiado optimismo. «Lo vemos bastante lejos», insiste Barragán, y cita como ejemplo Mesas de Asta, donde una promoción municipal de viviendas, con 25 solicitudes, lleva cuatro años diseñado y a la espera de la desafectación de los terrenos, correspondientes a un descansadero.

«La alcaldesa -Pilar Sánchez- se comprometió a que la primera piedra estaría colocada en diciembre de 2005, pero no sabemos nada», a pesar de que la Junta de Andalucía desafectó los suelos seleccionados por Emuvijea en 2003, pero «todavía no los ha traspasado» a la empresa municipal.

Así las cosas, los resultados del nuevo acuerdo «no tienen credibilidad», asegura Barragán, porque «si el expediente de desafectación de un descansadero se prolonga durante nueve años, ¿cuántos harán falta para una vía pecuaria?».

Pedanías

Aunque también en la zona rural, el caso de las pedanías es algo diferente. En la mayoría de los casos su población avanza en progresivo ascenso, y sus representantes políticos insisten en que las necesidades de vivienda se incrementan al mismo ritmo. Ayer mismo se celebró el sorteo de una promoción de 80 VPO en Torrecera, para el que se presentaron 86 solicitudes (todos menores de 35 años, el 57% parejas de novios y en un 80% con empleo eventual). No obstante, el alcalde pedáneo, Manuel Bertolet, sigue considerando «insuficiente» la oferta de viviendas protegidas y, lo que es peor, advierte que hay «60 ó 70 familias» que están intentando regresar de las Baleares para ocupar las VPO que adquirieron hace tiempo para «tener algo a la vuelta», y ahora con la Ley de Medidas sobre Vivienda Protegida y Suelo «están metidos en un lío, muchos sin saber si podrán quedárselas».

En zonas como Estella de Marqués también insiste su alcalde, Blas Moreno, que «hay gran necesidad de vivienda» y recuerda que para las 47 VPO últimas «hubo 200 solicitudes» y resultaron «muy caras». En este caso, recalca que «lo que más se requieren son viviendas sociales».

En El Portal, Diego Almodóvar, delegado de Alcaldía, subrayaba recientemente que «las últimas viviendas que se construyeron en la zona datan de 1994», y Dolores Barragán, de Unión Rural, exigirá una reunión con el delegado de V ivienda, Antonio Fernández, para «tratar el tema».