Hace dos años La Ina contaba con una población de 800 habitantes. Hoy apenas son 500. La tasa de despoblamiento que presenta es, sin duda, la más alta de entre todas las pedanías y barriadas rurales jerezanas. Y el motivo es único, fácilmente diagnosticable: no hay viviendas.

Mónica Castellet, delegada de Alcaldía y presidenta de la asociación de vecinos de La Ina, recuerda que la mayoría de las construcciones de la barriada superan los 50 años de antiguedad: «Los jóvenes tienen que marcharse porque están hartos de vivir en casas de sus padres, y no recibimos ningún tipo de ayuda, ningún tipo de promoción pública se ha hecho cargo, consecuentemente, del crecimiento vegetativo de la población».

Entre las medidas planteadas por los vecinos para detener este descenso progresivo de la población, destaca un paquete de iniciativas que se presentaron al Plan General de Ordenación Urbana, y en la que exigía que se «contemplara la existencia de suelo urbano edificable para la construcción de viviendas y equipamientos públicos», y que «se ampliaran los recursos y mejoras en la gestión de las ayudas y subvenciones pra la rehabilitación de las casas que ya existen».

En ese sentido, Castellet recuerda que «nosotros no estamos en Cañada, así que no hay motivos para que no se promocionen nuevas construcciones, salvo, claro está, que se esté interesado en parar el crecimiento de los núcleos rurales consolidados, por el coste que tendría para las arcas públicas dotarlos de servicios posteriormente».

No se trata de un argumento desechable a la ligera. El incremento de población obliga a los ayuntamientos y otras administraciones a prestarles servicios que acaban repercutiendo en las cuentas municipales. «Están condenando a La Ina a desaparecer, aunque sea poco a poco», sentenciaba Mónica Castellet.

Si La Ina, al igual que otros núcleos rurales, no sufre un incremento demográfico importante, entre otras cosas, habría justificación para no responder a las importantes demandas de sus habitantes a nivel de infraestructuras, como la mejora de las instalaciones deportivas, la ampliación del servicio sanitario, o la apertura de una biblioteca pública, por no hablar de las repercusiones directas que tendría en las líneas de autobuses y vías de comunicación.

En cualquier caso, Mónica Castellet pide a las administraciones «un compromiso firme, real, para acabar con el que quizá, es el principal problema de los núcleos rurales, ya que sin vivienda no hay jóvenes y sin jóvenes nuestras poblaciones están destinadas a desaparecer del mapa en cuestión de tiempo».