La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, anunció ayer que su departamento ha constatado que los presos de ETA «respaldan» la decisión de la cúpula de la banda de declarar el alto el fuego permanente. La máxima responsable de prisiones, que ayer jueves habló por primera vez de la situación penitenciaria tras el cese de actividades decretado el 22 de marzo, señaló que el denominado frente de makos aguarda con «expectativa positiva» el desarrollo de acontecimientos.

Gallizo, durante un encuentro informativo, explicó que Instituciones Penitenciarias «ha comprobado a través de sus medios propios» el apoyo de los internos a la línea marcada por la dirección de la organización terrorista y reveló que así se ha «transmitido» al Gobierno central. En las cárceles «no hay discrepancias con el alto el fuego permanente», dijo tajante la directora.

La responsable de las 66 prisiones dependientes del Ministerio del Interior apuntó que el seguimiento y control de los 491 presos de ETA por parte de los técnicos de prisiones ha desvelado el «apoyo, sintonía y aceptación» de la decisión del alto el fuego.

Mercedes Gallizo evitó pronunciarse sobre la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de pedir, el pasado miércoles, el cumplimiento íntegro de condena para el ex dirigente de ETA Xabier García Gaztelu, Txapote, porque no vio «ninguna esperanza de reinserción».

La directora general sí explicó que, a pesar del alto el fuego, los dirigentes etarras encarcelados, así como la mayor parte de los presos, siguen sin participar en las actividades de las cárceles con el resto de los reclusos, tal y como ha ocurrido siempre. Según Gallizo, no ha habido «cambios sustanciales» entre los internos de la banda. «El sistema no ha cambiado y ellos tampoco», apostilló.

Dispersión

En esa línea, insistió en que el Gobierno no ha variado su estrategia penitenciaria con respecto a los presos etarras después del anuncio de cese de actividades. «La política de la dispersión de los miembros de la bandas armadas está consensuada con las principales fuerzas políticas y no se ha modificado», recordó.

La directora de prisiones no quiso desvelar si el Ejecutivo socialista planea un movimiento de internos de la organización armada como gesto a la cúpula de la banda terrorista. Mercedes Gallizo aseguró que es una decisión que compete en exclusiva al presidente Rodríguez Zapatero. En cualquier caso, adelantó que «el sistema penitenciario se adaptará sin ninguna dificultad a la dirección que se marque» desde La Moncloa.

Acercamiento

Sobre la posibilidad de ese movimiento de presos, el jefe del Ejecutivo se limitó a señalar, en una entrevista a la cadena Ser el miércoles de madrugada, que «el Gobierno dará pasos teniendo en cuenta los precedentes y con la máxima seguridad de que serán pasos útiles para consolidar el fin de la violencia».

Rodríguez Zapatero se refirió al acercamiento de 105 presos de ETA en septiembre de 1999 por parte del Gobierno de José María Aznar. El presidente dijo que entonces se dieron pasos «cuya lógica no he acabado de comprender» y se preguntó por qué se varió la política de dispersión después de celebrar una sola reunión con la banda, que además no tuvo «resultados», y «sin que hubiera un horizonte como el que hay ahora».

Fuentes gubernamentales confirmaron ayer que Instituciones Penitenciarias ha «participado muy activamente» en el proceso de verificación del alto el fuego que el Gobierno dio por concluido el pasado 22 de mayo, dos meses después del anuncio de ETA.

Tres informes

Datos de los seguimientos, intervenciones y controles a los internos de la banda terrorista fueron incluidos en los tres informes de verificación enviados a Rodríguez Zapatero y elaborados por la Secretaría de Estado para la Seguridad.

A principios de abril, Instituciones Penitenciarias elaboró un vasto estudio de la situación procesal y penitenciaria de los reclusos de ETA, en el que figuraban los expedientes de 101 presos, hipotéticos candidatos a un futuro acercamiento llegado el momento. Se trataba, en su mayoría, de internos ya condenados (no preventivos) y sin delitos de sangre o no sujetos a largas penas pendientes de cumplimiento.