El presidente boliviano, Evo Morales, comenzó el sábado su revolución agraria. El mes pasado nacionalizó los hidrocarburos. Si entonces los recursos naturales pasaron a control estatal, ahora son las tierras fiscales y latifundios improductivos, propiedad del Estado según el Gobierno, las que han empezado a ser entregadas a campesinos e indígenas bolivianos, «sus verdaderos dueños».

El ex líder cocalero fue hasta Santa Cruz de la Sierra, centro empresarial y de mayor oposición al Ejecutivo, para entregar 60 títulos de propiedad de 3,1 millones de hectáreas localizadas en siete de las nueve provincias del país. El acto de la también llamada nacionalización de la tierra se produjo un día después de que fracasara una negociación con los empresarios agrícolas en Cochabamba. El objetivo es distribuir en cinco años un total de 20 millones de hectáreas, casi una quinta parte del territorio boliviano, de los que el 75% se encuentra, según datos oficiales, en manos de latifundistas y especuladores.

Los primeros beneficiarios serán «indígenas, campesinos y originarios sin tierra, o con tierra insuficiente, sobre todo en el norte amazónico, como trabajadores asalariados, zafreros, vaqueros y las comunidades de colonizadores», según uno de los siete decretos de Morales.

Comités de defensa

«Los enemigos históricos de los pobres deben aceptar esta revolución agraria (...) tiene que llegar la igualdad y la justicia a nuestros pueblos con la distribución de las tierras fiscales y la reversión de los latifundios improductivos», dijo Morales. El mandatario recordó que sólo se repartirán las tierras fiscales disponibles y los latifundios que hayan sido o puedan ser revertidos al Estado por ilegales o no utilizados.

Los empresarios del sector, muy disgustados, amenazaron con organizar comités de defensa de las grandes propiedades agrícolas ante el temor de que se puedan producir ocupaciones. «Si el Estado de derecho no nos defiende, tenemos el derecho de buscar mecanismos de defensa», señaló el presidente de Confederación de Agropecuarios (Confeagro), José Céspedes, a una televisión local. El dirigente empresarial no precisó si los grupos de defensa llevarán armas. El Gobierno advirtió de que serían ilegales.

Morales prometió una «reconducción» de la reforma agraria decretada hace 53 años, que se concentró en tierras de los valles y el altiplano occidentales sin incidencia en las grandes tierras bajas del este del país, donde está Santa Cruz. El jefe del Estado señaló que el plan será «una verdadera revolución agraria y no una simple reforma». «Lo que pasó en 1952 no fue un regalo. Costó sangre a los campesinos y los indígenas que se levantaron contra los patrones. Y lo único que hizo el Gobierno fue darle legalidad», añadió.