El traspaso de la competencia del Guadalquivir sigue siendo el principal punto de desencuentro en Andalucía. Pero el presidente de la Junta, Manuel Chaves, dio ayer un ligero golpe de timón en medio de la polémica. Si el viernes anunciaba que se iban a respetar los intereses de otras comunidades sobre el río, ayer dejó la puerta abierta en un acto del PSOE a que tanto Extremadura como Murcia y Castilla-La Mancha puedan participar y estar representados en el futuro órgano gestor de la confederación hidrográfica «para defender sus derechos». De este modo, insistió en que, llegado el momento, su presencia podría ser compatible con que la Junta tenga las competencias transferidas.
En un acto de partido ante más de 300 afiliados y simpatizantes en Marbella, Chaves reconoció una vez más que hay «ciertos riachuelitos» que bañan pueblos de estas tres comunidades autónomas, pero puso el acento en que tanto el nacimiento como la desembocadura, además de la mayor parte de la cuenca del Guadalquivir, están en Andalucía. Por este motivo, recalcó que ese ocho por ciento que representan del total del Guadalquivir que «un riachuelo bañe Murcia y dos Extremadura no puede ser un impedimento serio para que la Junta de Andalucía gestione la cuenca hidrográfica del río». «Es un río simbólico y materialmente de Andalucía, y no podemos renunciar a la transferencia de la gestión», defendió.
Sin rupturas
Asimismo, advirtió al PP de que si no se rompió la unidad de España cuando Andalucía comenzó a gestionar la sanidad, la educación o la universidad, tampoco se romperá «cuando la Junta gestione el Guadalquivir». Por estos motivos, insistió en hacer un llamamiento a los populares para que «dejen de decir tonterías» y «se incorporen al consenso y que participen», ya que cree que aún «hay margen suficiente», aunque lamentó que por ahora los populares no se hayan preocupado ni lo más mínimo «por el contenido del documento» del Estatuto.
Quien también sigue firme en su postura es el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que manifestó ayer su confianza en que el Estatuto andaluz que aprueben las Cortes Generales sea «constitucional, vista la experiencia de Cataluña», y que, de ese modo, toda cuenca que pase por más de un territorio es competencia del Estado. «Vista la experiencia de Cataluña, sospecho que lo que saldrá será constitucional y, por tanto, toda cuenca que pase por más de un territorio es competencia del estado», señaló Ibarra, tras mantener un encuentro con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en Mérida.
No obstante, reiteró que si la reforma estatutaria que salga de las Cortes no es constitucional desde la opinión de su gobierno, «actuaremos en consecuencia y presentaremos el recurso».
Garrido, optimista
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, aseguró que el Estatuto «dejará muy satisfechos a extremeños y castellano manchegos» y agregó que «ningún otro presidente de ninguna comunidad autónoma, sea socialista o no, va a tener ningún problema cuando examinemos el Estatuto». Así, aseguró que cuando termine el trámite parlamentario de la reforma estatutaria se van a «disipar todas las dudas», al tiempo que afirmó que es «absolutamente compatible constitucionalmente» la gestión andaluza de sus aguas con los intereses en esta materia de las regiones colindantes.