El Gobierno ve con preocupación la posibilidad de que un mal resultado en el referéndum sobre el Estatuto de Cataluña dañe la imagen de José Luis Rodríguez Zapatero, quien hizo de esa reforma la bandera de su política territorial. El jefe del Ejecutivo pretende conjurar ese peligro con una participación muy activa en la campaña, en la que hará valer su condición de condición de político mejor valorado por los catalanes para lograr una participación masiva, objetivo que a un mes de la consulta parece difícil de lograr.

La salida de los consejeros de Esquerra Republicana del Gobierno de Pasqual Maragall supuso un alivio para La Moncloa y para el PSOE porque tenían fundados temores de que un referéndum estatutario con un Ejecutivo autónomo dividido se convertiría en plebiscito sobre el tripartito.

Elecciones anticipadas

Otro elemento que contribuyó a tranquilizar los ánimos socialistas fue el anuncio de que habrá elecciones autonómicas anticipadas en otoño porque ir al referéndum sin haber resuelto esa incógnita también podía transformar la consulta en una votación de castigo al tripartito por su gestión y sus diferencias internas. Zapatero, dicen sus colaboradores, quiere un 18-J «sin interferencias» para que los ciudadanos se pronuncien sobre el asunto para el que han sido convocados y no sobre cuestiones ajenas que distorsionen los resultados.

Disipados esos temores, aunque algunas fuentes gubernamentales disienten con la expulsión de los republicanos porque creen que radicalizará la campaña de ERC contra Zapatero, la preocupación se centra ahora en lograr una alta movilización entre los partidarios del Estatut.

Con los datos que maneja ahora La Moncloa, la reforma estatutaria corre el riesgo de ser aprobada por el 30% del censo de Cataluña, aunque un sondeo publicado ayer domingo apunta a que la participación sería del 51% del electorado, con una victoria del «sí» del 68%, lo que dejaría el respaldo en torno al 35% del censo. Un apoyo muy inferior al obtenido por el Estatuto de 1979, que fue aprobado por el 88% de los votantes, que con una participación del 59% supuso el visto bueno del 52% de los catalanes.

El presidente del Gobierno tendrá una participación muy activa, con cuatro mítines, uno en cada una de las provincias catalanas. Su tarea, afirman fuentes gubernamentales, será pedagógica para explicar las bondades de la reforma estatutaria para Cataluña y España, labor en la que será auxiliado por la vicepresidenta primera, una dirigente que goza también de buen cartel en Cataluña.

Movilización del «no»

La preocupación del Ejecutivo, sin embargo, es creciente porque está constatado el hartazgo ciudadano por las continuas disputas entre los miembros del tripartito y por la interminable polémica durante 30 meses sobre la reforma.

También contribuye a los temores el hecho de que los partidarios del «no» al Estatut estén ahora más movilizados que los del «sí». Los primeros responden a sectores más politizados aunque esgriman diferentes motivos para oponerse; los de ERC porque la reforma se queda corte y los del PP, porque es excesiva.